La inimaginable tragedia ocurrida el 4 de julio en las riberas del río Guadalupe, en Texas, que provocó más de 100 muertes y casi 200 desapariciones, incluyendo a decenas de niños y niñas, convoca nuestra solidaridad y conmiseración con las víctimas y también nos sirve de lección acerca de nuestra propia vulnerabilidad en tiempos de tanta inestabilidad climática.

El espanto de lo ocurrido en el estado sureño es difícil de capturar en todo su horror.

Las personas de las comunidades aledañas, incluyendo decenas de niñas que participaban un campamento de verano cristiano, se acostaron a dormir tranquilamente en la noche del 3 de julio. Durante la madrugada, se reportaron aguaceros de tal intensidad que cayeron 12 pulgadas de lluvia en una zona de apenas diez millas cuadradas. El río Guadalupe subió 29 pulgadas en menos de tres horas.

Cuando amaneció el 4 de julio, cientos habían muerto o desaparecido, incluyendo varios miembros de una familia puertorriqueña. Al momento de la publicación de este editorial, los muertos sumaban 121 y los desaparecidos 173.

La tragedia en Texas ocurre en el contexto de los recortes y despidos que la administración del presidente Donald Trump ha implantado en las agencias federales que manejan el tema climático, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), bajo cuya jurisdicción está el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés). Según reportes de prensa, NOAA perdió el 20% de sus 12,000 empleados y el NWS el 7% de sus 4,000.

A pesar de esto, funcionarios de los condados afectados en Texas dicen que los avisos fueron emitidos a tiempo, pero con la complicación de que el evento ocurrió de madrugada, cuando la inmensa mayoría de las personas dormían, y en una zona en que la señal de celulares no es especialmente potente. También trascendió que hace unos años funcionarios del Condado de Kerr, donde ubica el campamento de verano en el que murieron decenas de niñas, descartaron, por cuestiones de costos, la instalación de sirenas en la zona.

Si alguien no cumplió con su responsabilidad, o si los recortes son responsables de esta enorme tragedia es algo que no se sabrá hasta que se lleven a cabo todas las investigaciones. Ya, sin embargo, pueden verse inquietantes señales de lo que el escatimar en recursos en áreas tan críticas como el monitoreo del clima puede tener las peores consecuencias.

Vivimos en tiempos del cambio climático, que ha alterado y continuará alterando lo que conocemos como fenómenos climatológicos. Tristemente, personas en posiciones claves en el gobierno de Trump no creen en la ciencia que nos dice de todas las consecuencias que esto ha tenido y seguirá teniendo. En estos tiempos, estamos viendo y seguiremos viendo turbaciones atmosféricas como nunca las habíamos visto. Lo ocurrido en Texas es un gran ejemplo de esto.

En este contexto, es irresponsable y temerario escatimar en los recursos indispensables para vigilar el clima y alertas a las poblaciones de manera efectiva cuando asome el peligro. Esto aplica a todos sitios, pero es especialmente crítico en Puerto Rico, donde cerca de 735,000 personas viven en zonas inundables, según datos oficiales. En febrero, hubo aquí una alerta de tsunami vigente por poco más de una hora, sin que se observara el operativo de comunicaciones oficial que se esperaría en estos casos. Eso hay que atenderlo.

Urgimos a los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico a entender la magnitud de este problema y a asignarle los recursos que hagan falta para nada más y nada menos que proteger la vida humana. Esa, entonces, es la lección de la tragedia de Texas: ningún gasto ni recurso es excesivo cuando se trata de vigilar el clima y alertar a las comunidades, con el único y elevado propósito de salvar vidas. ¿Qué tiene más valor que eso?