La educación es clave para el proyecto de país
El Departamento de Educación ha confirmado ante la Junta de Supervisión Fiscal su rezago administrativo, mientras el organismo supervisor ha puesto el punto sobre las íes: el problema de fondo no es la falta de dinero sino el disloque de prioridades a la hora de administrarlo.
La responsabilidad fiscal debería alinearse a la máxima de que los fondos en la agencia con el mayor presupuesto en el gobierno de Puerto Rico se traduzcan en educación y servicios de excelencia para los estudiantes.
No obstante, las estadísticas sobre el aprovechamiento estudiantil del sistema público demuestran lo contrario. Un panorama estadístico de la realidad educativa y social de Puerto Rico presentado por el Instituto de Estadísticas esta semana revela una tendencia decreciente en aprovechamiento por grados en materias como ciencias y matemáticas en el sistema público.
Por ejemplo, los resultados de las pruebas META para el año escolar 2018-2019, para el tercer grado, alcanzan el 77%, pero se reducen escalonadamente hasta caer a un 10% en las competencias de octavo grado. En Ciencias, de 67% en tercer grado, el nivel de aprovechamiento baja hasta 39% en octavo. Y aunque sube en undécimo, el porcentaje se mantiene por debajo de la mitad.
Es preciso trabajar con lo que provoca esas reducciones. Hay que identificar y superar lo que causa que el temprano potencial de mantener alto aprovechamiento en ambas materias colapse en los grados en los que los jóvenes están en más riesgo de deserción.
Entre los datos provistos por el Instituto preocupa aún más - aunque no necesariamente sorprende - que una encuesta realizada por los Centros de Control de Enfermedades a estudiantes de escuela superior revela que, para 2017, casi la mitad de las jóvenes afirmó haberse sentido triste y desesperanzada. El 26% de los varones se sintió igual.
Urge contar con un sistema educativo que inspire entusiasmo y esperanza en sus estudiantes. La tarea se dificulta en un sistema que ha sido incapaz de reabrir escuelas dañadas por el huracán María hace dos años, en el que una década después sigue sin implementar un sistema de asistencia en una década, y en el cual los procesos de subastas tardan meses, lo que retrasa que los estudiantes puedan tener libros nuevos.
El Informe de Desarrollo Humano en Puerto Rico establece claramente la relación entre nivel educativo y pobreza. Las áreas más empobrecidas de la isla coinciden con aquellas donde la mayor parte de su población no cuenta con un diploma de cuarto año, mientras que donde hay mayor nivel educativo son las áreas con mayores niveles de ingreso.
Como estos, existen numerosos datos que dan una muestra de dónde hace falta poner los recursos que hoy se diluyen en capas de burocracia de una agencia que arrastra los pies para achicarse pese a la merma de estudiantes y el cierre de escuelas.
Todavía $600 millones de fondos federales siguen congelados tras las acusaciones federales de corrupción contra la exsecretaria Julia Keleher. Parte de dichos fondos están dirigidos a atender las necesidades especiales de una tercera parte de la población escolar. La condición puesta por el gobierno federal para liberarlos es que la agencia nombre a un síndico, lo que el propio secretario Eligio Hernández ha dicho que podría tardar hasta finales de febrero próximo.
Según el plan fiscal, el Departamento de Educación tiene que reducir $317 millones de su presupuesto este año. El ajuste debe centrarse en reducir burocracia antes de afectar aún más el servicio directo a los estudiantes. La Junta supervisora ha ofrecido a la agencia respaldo técnico, pero esta tiene que hacer su parte.
Puerto Rico no puede darse el lujo de más demoras cuando se trata de administrar con eficiencia los fondos destinados a impulsar la movilidad social y económica de las generaciones más jóvenes.
Tener un sistema de educación ágil y de calidad debe ser una de las prioridades principales de la recuperación de Puerto Rico. El presupuesto de la agencia debe traducirse en una educación de primera que fortalezca la infraestructura social a cuyo servicio estará puesta la infraestructura física en vías de construirse.
