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La eficiencia abrirá la puerta a la reconstrucción

Conocer los procesos y cumplir con las condiciones en torno al desembolso de los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico deben estar en el centro de las prioridades administrativas del gobierno local.

Lo contrario es renunciar a la oportunidad histórica de renovar la infraestructura, sentar las bases para el crecimiento económico, y afianzar la confianza del gobierno de Estados Unidos y de los mercados de inversión en Puerto Rico.

Queda mucha tarea pendiente para que la isla encamine el uso de altas cuantías federales autorizadas para corregir y mitigar daños causados por los desastres recientes. La inspección que esta semana realiza el coordinador federal para la reconstrucción, Peter Brown, a los preparativos de la isla de cara a la nueva temporada de huracanes, debe servir al gobierno para demostrar voluntad y capacidad de ejecutar de forma cabal proyectos esenciales para el bienestar puertorriqueño.

El gobierno federal ha aprobado al menos $89,500 millones para la recuperación de Puerto Rico tras el severo impacto del huracán María y otras emergencias que incluyen los sismos de enero y la pandemia del COVID-19. Aprovechar los recursos asignados para completar sin retrasos adicionales el mejoramiento de la infraestructura es misión impostergable que depende de una administración gubernamental de excelencia.

Revertir la parálisis de la reconstrucción requiere que las agencias estatales y los municipios mejoren su desempeño a tono con los procesos federales. Ello conlleva descartar estilos burocráticos, establecer modelos eficientes para la organización de tareas e integrar herramientas tecnológicas que aporten a una ejecución de alta calidad. La ecuación incluye mecanismos de rastreo preciso de cumplimiento de labores y proyectos, centrados en la rendición de cuentas.

A dos años y ocho meses de la devastación ciclónica, urge adelantar la reconstrucción de los hogares afectados. Se trata de más de 20,000 estructuras de familias pobres que, en ciertos casos están habitadas, aunque los techos son frágiles o consisten en toldos. Para la reparación de casas se aprobaron $3,200 millones del Fondo de Subvenciones y Desarrollo de Comunidades afectadas por Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el gobierno local no ha satisfecho las condiciones del gobierno federal que permitan encaminar obras en ese renglón crucial para la seguridad familiar. Las personas afectadas tendrían que acudir a refugios si otro ciclón amenaza a corto plazo a la isla.

La ausencia de procesos de eficiencia administrativa y de personal con conocimiento abarcador de los trámites federales impide agilizar la aprobación de las etapas de proyectos complejos como la reconstrucción de edificios públicos, carreteras y puentes, así como de los sistemas energéticos y de agua potable.

El liderato de las entidades públicas está llamado a dar paso a mecanismos de ejecución eficiente para que la reconstrucción del país se materialice. En la agenda figuran 8,000 proyectos de obras permanentes reconocidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Esta entidad aprobó 1,659 entre mayo y septiembre, y contempla aprobar el 70% de los proyectos este año. El plan incluiría reconstrucción de escuelas y mejoramiento de embalses.

Demostrar de forma sistémica avances en el cumplimento de requerimientos abona a la recuperación de la credibilidad ante el gobierno de Estados Unidos. Puede también abrir avenidas para reclamar la flexibilización de ciertos requisitos establecidos a raíz de deficiencias fiscales y pobre administración pública.

Las puertas de la reconstrucción de Puerto Rico pueden abrirse plenamente con cambios marcados por procesos definidos, transparentes y de rendición de cuentas. Estos indicadores de eficiencia administrativa pueden dar vida a la tan necesitada reingeniería gubernamental que forjaría un país menos vulnerable a fenómenos naturales y a otras emergencias. Esas son bases para la estabilidad económica y el desarrollo sostenible.