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La estrategia de auxilio a la mujer tiene que ser firme

De 87,000 mujeres asesinadas en el mundo en 2017, la mayoría - el 58% - fue ultimada por sus parejas o familiares, según un informe recientemente divulgado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los datos ponen en perspectiva la gravedad de la violencia machista que, de tanto subestimarla, ayer volvió a enlutar a Puerto Rico.

Suman 23 las mujeres asesinadas en la isla por sus parejas en lo que va de año. Esta violencia a la que están expuestas tantas otras en sus propios hogares, revela desaciertos que el gobierno y la sociedad deben atender a la brevedad. Tenemos que trabajar para que no ocurra una tragedia más.

La violencia machista no es espontánea. Tampoco se remedia con acciones simplistas. El asesinato de mujeres es lo más extremo en una cadena de agresiones verbales o físicas, explícitas o solapadas, que se repiten en todos los escenarios de nuestro quehacer con la anuencia vergonzosa de buena parte de la sociedad. Son abusos basados en costumbres indignas que asignan a la mujer una condición inferior. Transformar ese absurdo requiere voluntad firme y acciones comprensivas.

El problema es agudo en Puerto Rico. Que tres de los asesinatos ocurridos aquí este año fueran perpetrados por policías demuestra que algo anda mal en las propias estructuras de poder del Estado. El gobernador Ricardo Rosselló debe evaluar su respuesta al pedido de que declare al país en emergencia por la espiral de la violencia machista. Aunque el mandatario ha dicho que buscará abrir un diálogo que aúne voces para enfrentar este flagelo, es necesario poner en marcha con urgencia acciones concretas.

En un ejercicio legítimo de democracia participativa, en el fin de semana, manifestantes acudieron a La Fortaleza para denunciar el problema y proponer soluciones. No fueron atendidas con la premura que requiere su causa. Las recibió, sin embargo, un contingente de operaciones tácticas con gas pimienta. Aunque La Fortaleza condenó la acción, es necesario atender el tema con mayor sensibilidad.

El gobernador ha dicho no estar convencido de que sea necesario asumir como emergencia la incidencia de crímenes machistas. Aduce que las soluciones no le competen solo al gobierno. Conscientes de ello, el sector sin fines de lucro trabaja sin descanso, con pocos recursos, para asistir a quienes sacan valor para escapar del maltrato. Tanto familias como comunidades tienen un rol crítico para detectar, tender la mano o reportar estas agresiones.

Pero al gobierno le corresponde actuar con celeridad y firmeza. Tiene que demostrar con acciones específicas que las víctimas pueden sentirse seguras de que recibirán auxilio serio y sensible. Quien discrimina o agrede debe recibir un mensaje de rechazo contundente. La investigación sobre las actuaciones de agentes en la manifestación reciente debe ser transparente y tener consecuencias.

El ejecutivo tiene, además, el deber institucional de modelar las dinámicas que producen una sociedad saludable: sentarse a la mesa a dialogar con quienes conocen de primera mano las necesidades de las sobrevivientes, escuchar con empatía las propuestas de acciones preventivas y remediativas probadas. Participar con desprendimiento en la búsqueda de acuerdos que antepongan los derechos de igualdad y bienestar de las mujeres. Asegurar diligencia de servicios en los sistemas de justicia, policial, social, de salud y educación.

El informe de la ONU provee recomendaciones en esa dirección. Aboga por capacitar adecuadamente a policías, fiscales, jueces y otro personal de justicia para encausar con efectividad a los agresores, contribuir al bienestar y seguridad de las mujeres y prevenir que sean víctimas del propio Estado.

Es inaceptable que las mujeres enfrenten los peores peligros en sus propios hogares. Si usted sufre o conoce de estos abusos busque ayuda para romper el ciclo. También debe hacerlo si es usted quien agrede. Hombres y mujeres tienen igual derecho a vivir, a disfrutar del desarrollo pleno, libre y en paz. De ello depende el progreso social de Puerto Rico.