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La gestión pública tiene que anclarse en la integridad

Los recientes informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos que presentan a Puerto Rico como una de las jurisdicciones estadounidenses con más casos de corrupción durante las pasadas dos décadas, reconfirman la gravísima magnitud de un problema que corroe la sana administración pública y atenta contra el pleno desarrollo social y económico puertorriqueño.

La entrada a la isla de sustanciales asistencias federales para impulsar la recuperación de los daños severos causados por los golpes ciclónicos, los terremotos y la pandemia del COVID-19 debe visualizarse como una gran oportunidad para subsanar las deficiencias que propician el mal manejo de fondos y otros actos de corrupción pública.

Avanzar en ese objetivo de prioridad mayor para Puerto Rico supone un giro contundente en las iniciativas para combatir toda práctica ilegal en las estructuras gubernamentales. La meta es llevar a la práctica, de una vez por todas, la proclama de tolerancia cero a la corrupción que suele mantenerse como promesa electoral incumplida, cuatrienio tras cuatrienio.

Los referidos reportes de la División de Integridad Gubernamental del Departamento de Justicia federal revelan que, de 2000 a 2019, la Fiscalía federal completó en Puerto Rico casos que culminaron con 631 convicciones por corrupción. Si se consideran las sentencias impuestas en los pasados 10 años, la isla figura como la novena jurisdicción con más casos de ese tipo en todo Estados Unidos.

Estos datos que avergüenzan se suman a los de otros reportes que apuntan a una gobernanza local incapaz de sanear sus instituciones. El Registro de Personas Convictas por Corrupción tiene documentados los casos de 7,141 personas desde 2018. Una tercera parte - 2,361 - fueron sentenciados por violar el Artículo 193, en su modalidad de tercer grado, del Código Penal, que se refiere a apropiación ilegal agravada de propiedad o fondos públicos o de bienes con valor de $1,000 o más.

Estas estadísticas, del propio gobierno estatal, reflejan que la corrupción no se limita a figuras reconocidas de la política o quienes ocupan altos cargos en el gobierno. Las fechorías también se cometen en oficinas a través de todo el sistema público, en agencias y alcaldías, entre empleados de confianza o de carrera.

Es preciso frenar el problema, comenzando por adoptar debidamente el principio del mérito en el reclutamiento y ascenso de personal. Urge, además, reforzar la supervisión y la fiscalización a todos los niveles con el fin de neutralizar de inmediato cualquier práctica improcedente.

Resulta penoso que esas y otras recomendaciones propuestas reiteradamente por expertos en administración pública se mantengan ignoradas. El fraude y otros delitos han llevado al gobierno de Estados Unidos a desconfiar del manejo de programas locales subvencionados con fondos federales. Una consecuencia ha sido la imposición de condiciones, adicionales a las regulares, para el desembolso de dinero, lo que afecta la puesta en vigor de obras y servicios.

Esa experiencia la hemos vivido de forma prolongada, por ejemplo, en el Departamento de Educación. El desembolso de fondos para diversos programas educativos está sujeto a la fiscalización de un síndico, como parte de un esfuerzo para promover eficiencia operacional y el uso correcto del dinero.

La carencia de una política transparente y de rendición de cuentas, anclada en la administración ineficiente, desestabiliza la gobernanza. Y dificulta el objetivo crucial de que el país regrese a los mercados de capital, mientras procura su reestructuración.

La corrupción gubernamental, vinculada al clientelismo político y a la crisis de valores que atraviesa las estructuras político-partidistas y alienta las ambiciones personales, promueve la desconfianza del pueblo en las instituciones gubernamentales. El costo social y económico de las malas prácticas administrativas es inmensurable.

En medio de una crisis fiscal que impone como nunca el manejo riguroso de los recursos del erario, la principal encomienda de quienes están al mando de entidades gubernamentales en Puerto Rico es demostrar verdadera voluntad para sanear la administración pública. Un gobierno eficiente, transparente y honrado es esencial para brindar al pueblo una vida más digna y próspera.

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