La acogida reciente, por parte de la mayoría de los candidatos a la gobernación, de las propuestas fundamentadas por el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) para erradicar la pobreza infantil en Puerto Rico les compromete asumir como prioridad hacerle justicia al 57% de los niños que viven esa precariedad.

Será responsabilidad de todos velar por que, quien gane los comicios generales de noviembre, cumpla con implementar de manera efectiva acciones que podrían ahorrarle sufrimiento a nuestros menores y millones de dólares al Estado.

La pobreza infantil tiene un impacto de $4,400 millones en nuestra economía. El desarrollo de 10 propuestas del plan del IDJ supone una inversión de $6,474 millones en tres años, pero implican un ahorro de $13,254 millones para el Estado. Erradicarla propiciará una recuperación justa y sostenible.

El plan del IDJ presenta propuestas específicas de ejecución a corto y largo plazo, e incorpora proyecciones de impacto económico significativas. Según la Encuesta de la Comunidad de 2019, el 56.8% de los niños en Puerto Rico vive bajo niveles de pobreza definidos por el gobierno federal, pero debido a la pandemia del COVID-19, entre otros factores que han exacerbado la contracción económica en la isla, la proporción puede llegar hasta un 65%, según cálculos recientes.

Por ello, el compromiso expresado por los candidatos de acoger algunas propuestas o el plan completo como parte de su programa de gobierno, representa la posibilidad de ampliar oportunidades educativas y laborales, como parte de una política pública que permita combatir de forma sistémica las pobres condiciones de vida de un segmento poblacional que no puede permanecer marginado.

El IDJ ha destacado que parte de las propuestas elaboradas para combatir la pobreza del sector en mayor estado de indefensión, que son nuestros menores de edad, solo implica realinear las prioridades imperantes que mantienen a ese grupo poblacional relegado.

Cinco de los seis candidatos participantes en un debate esta semana coincidieron en que urge brindar mayor énfasis a esfuerzos educativos desde la edad temprana con más programas preescolares en operación y servicios en escuelas públicas en horarios extendidos, como uno de los pasos hacia mejorar sus oportunidades de desarrollo.

También hubo acuerdo en la necesidad de proveer mayores beneficios contributivos y otros servicios para los padres y madres jefas de familia para fomentar mejores opciones de cuido y aprendizaje para los niños desde su infancia, como sugiere la entidad especializada.

Los planes del IDJ merecen implementarse ante un alza en el desempleo que pone en condiciones de vulnerabilidad a más menores, cuyos padres no tienen mecanismos para llevar sustento adecuado a sus hogares. Ello permitiría librar de la pobreza a 29,000 niños en un plazo de tres años mediante una inversión cuya ganancia económica y social se multiplica de forma exponencial.

Al mejorar las condiciones económicas y laborales de los padres y madres se logra una influencia positiva en los menores de cada núcleo familiar, porque se fomenta su desarrollo cabal como personas independientes y autosuficientes.

También, aportar a la estabilidad económica de sectores marginados promueve un ambiente de sosiego doméstico con el potencial de reducir situaciones de violencia intrafamiliar y otras condiciones, como el maltrato y la mala alimentación, que atentan contra la salud, seguridad y vida de los niños.

Otorgar prioridad máxima al bienestar de la niñez y la juventud afianza las bases para una generación de adultos que desarrolle cabalmente sus capacidades como individuos responsables y productivos, aspectos esenciales para impulsar la recuperación económica del país.

Las propuestas están sometidas y el compromiso de acción ciudadana es latente. Solo falta la acción firme de quienes ganen para desbloquear las barreras que en Puerto Rico marginan a los niños y jóvenes sumidos en la pobreza.