La institución legislativa le ha fallado al pueblo
La deshonrosa renuncia del representante Guillermo Miranda Rivera se suma al cuadro de episodios desmoralizantes protagonizados por esta Asamblea Legislativa. Las conductas indeseables incluyen también el esquema de empleados fantasmas en el Senado, ya probado en el Tribunal Federal, y el andamiaje de contratos gubernamentales otorgados a allegados y familiares del superintendente del Capitolio.
Comportamientos de esta índole indignan profundamente. Obligan a transformar a la legislatura en un cuerpo con el rigor ético y la transparencia que sumen integridad. Para ello, el primer paso es aplicar todo el peso de la ley a quien haya burlado el privilegio de servir honrosamente desde la institución.
Ha llegado el momento de garantizar al país que quienes reciben la confianza de los electores tienen que corresponder con un servicio público íntegro y digno. Es claro que el liderato legislativo ha fallado en la tarea intransferible de estar atento y actuar ante cualquier señal de abuso de la confianza y los recursos públicos, por parte de los legisladores y/o sus ayudantes.
Los objetivos de pulcritud tienen que extenderse por fuerza también a los funcionarios, electos o nombrados, del gobierno central y los municipios. Es la forma de evitar los banquetes de contratos como los vinculados a allegados y familiares del superintendente capitolino, José Jerón Muñiz Lasalle.
Es responsabilidad de las entidades fiscalizadoras y de ley y orden aplicar los remedios que pongan fin a los patrones de inversionismo político asociado a corporaciones de nuevo cuño que obtienen a corto plazo jugosos contratos en el gobierno sin que el fruto de sus operaciones o servicios sean plenamente constatables. En plena crisis fiscal, estas irresponsabilidades son una afrenta y un abuso contra el pueblo puertorriqueño.
Es repudiable que otro legislador agraciado en las urnas anteponga sus intereses personales y partidistas, al incurrir en prácticas de severa irregularidad que atropellan la dignidad de una empleada o un empleado.
La queja contra Miranda Rivera fue sometida ante la Comisión de Ética de la Cámara el 29 de julio. Como parte del proceso se llevaron a cabo vistas confidenciales, pero no se produjo una resolución sobre la conducta del legislador, quien dimitió después que públicamente quedó seriamente en entredicho su desempeño. Los hechos apuntan a poca diligencia legislativa ante las graves denuncias. Corresponde a las autoridades determinar si procede o no alguna acusación contra el legislador renunciante.
En el Senado, el esquema de empleados fantasmas ha lacerado la confianza pública. Dos contratistas del cuerpo se declararon culpables ante el Tribunal federal por delitos que incluyen la conspiración para cometer fraude electrónico. El exdirector ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa, aceptó culpabilidad por el esquema que incluyó facturas falsas para el desembolso de fondos públicos por labores no realizadas.
Las situaciones mencionadas reflejan la urgente necesidad de controles en el manejo de fondos públicos en la legislatura. Es evidente también la ineficiencia del liderato legislativo para frenar actos corruptos.
Los partidos políticos que aspiren a recobrar la confianza del pueblo tendrán que demostrar acciones concretas de tolerancia cero a los patrones de nepotismo, inversionismo político y abuso de empleados en la legislatura, las agencias, corporaciones públicas y municipios. Las colectividades políticas están obligadas a afinar sus mecanismos de validación de los candidatos que presenten en los comicios generales.
El saqueo de los recursos públicos lacera la democracia y cobra un alto precio moral y fiscal para Puerto Rico. Resulta imperiosa la voluntad política y la fiscalización ciudadana firme para lograr la integridad y el desempeño ejemplar de la legislatura y del resto de nuestras instituciones gubernamentales.
