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La inversión educativa es clave para el progreso

El nuevo liderato del Departamento de Educación debe enmarcar el comienzo de este semestre escolar en iniciativas que subsanen las deficiencias que, a raíz de la pandemia del COVID-19, han agudizado la limitación de las oportunidades educativas, acentuando el rezago formativo de menores de sectores empobrecidos.

Para alcanzar ese objetivo, corresponde a la agencia superar las circunstancias que han retrasado el establecimiento de la figura que regule y supervise la administración de $650 millones destinados a la educación de los niños en Puerto Rico, como ha dispuesto el gobierno de Estados Unidos. La designación de un monitor es una exigencia federal ante la acumulación de deficiencias administrativas que desvirtúan el uso eficiente de los fondos destinados a propiciar el bienestar de la niñez. Mientras no se complete este trámite, la mencionada partida permanecerá congelada.

Atención especial requieren los estudiantes del suroeste, donde los sismos forzaron la clausura de medio centenar de escuelas con serios daños estructurales. Se han identificado $2,200 millones para la reconstrucción de planteles. Pero el primer borrador del plan para encaminar los proyectos fue sometido hace apenas dos meses. La acción puntual del Departamento de Educación puede agilizar esa iniciativa.

Mientras, esperamos que la administración de la vacuna contra el COVID-19 a los maestros contribuya a encaminar un plan eficiente para la reapertura escalonada de escuelas, siempre y cuando haya completa garantía de protección de la salud de los alumnos, docentes y demás empleados escolares. Cumplidas esas condiciones, se podría considerar el regreso regulado de estudiantes a espacios seguros donde cuenten con el apoyo presencial de sus profesores.

El gobernador Pedro Pierluisi estimó que en febrero todo el personal de las escuelas públicas estaría vacunado contra el COVID-19 y se podría contemplar la apertura gradual y parcial de escuelas. Según sus proyecciones, la utilización de centros comunales u otras instalaciones más espaciosas que algunas aulas podría ser opción para impartir la enseñanza en condiciones de máxima seguridad salubrista. Estas expectativas requieren examen riguroso, ponderado y experto.

Lograr ese objetivo representaría un adelanto importante para una agencia que el pasado cuatrienio fracasó en proveer adecuada educación a los 276,413 estudiantes de las escuelas públicas. El desatinado desempeño aumentó el descrédito del sistema público ante las autoridades federales y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Al cierre de 2020, el Departamento de Educación no completó el plan urgente para promover la educación virtual. A pesar de asignaciones millonarias para la compra de computadoras y de medidas para garantizar conexiones cibernéticas, incluso en zonas rurales, la Oficina de la Reforma Educativa de la JSF registró que todavía el 30% de los alumnos carece de equipo para lograr esa opción de estudios y que la agencia estatal no pudo documentar las modalidades educativas alternas provistas a sus alumnos.

Es importante que el nuevo liderato educativo actúe en reconocimiento de que la educación es un derecho constitucional y que al presente no se ha logrado brindar a nuestros niños una educación de excelencia. En tal sentido, lucen acertados los compromisos de elevar los estándares académicos y atender con urgencia el rezago educativo que lamentablemente fue estimulado mediante las promociones de grado sin completarse las tareas mandatorias de los currículos desde el nivel primario hasta cuarto año de escuela superior.

Será preciso también que la nueva dirección responda a las necesidades de los alumnos de educación especial, que constituyen el 30% de la matrícula del sistema. La agenda debe incluir el refuerzo de las destrezas básicas de español y matemáticas, entre otras materias.

Con la designación del puertorriqueño Miguel Cardona como secretario de Educación de Estados Unidos surge la oportunidad de establecer en las oficinas educativas en Washington una relación que promueva el adelanto de las reformas trascendentales necesarias en el sistema educativo de Puerto Rico.

Existen planes que persiguen cambios sistémicos que beneficien a nuestros estudiantes. Solo falta la voluntad que impulse la ejecución a largo plazo de una transformación educativa que es inversión clave para el progreso del país.

 

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