La semana que comenzó recordándonos la espantosa trampa mortal en que se pueden convertir las construcciones irregulares con el cuadragésimo aniversario de la tragedia del barrio ponceño de Mameyes terminó con la noticia de que el gobierno ha dado títulos de propiedad a los residentes de decenas de comunidades en zonas inundables.

La segunda noticia es evidencia de que no aprendimos nada, o muy poco, de la primera. En Mameyes, 142 personas murieron durante un deslizamiento provocado por una onda tropical el 7 de octubre de 1985 porque gobierno tras gobierno, generación tras generación, se desentendieron de una comunidad que creció, de manera espontánea, a lo largo de todo el Siglo XX, en una peligrosa ladera en la que nunca se debió construir.

Tras la desgracia hubo llamados a atender el problema de las construcciones irregulares. Un informe interagencial preparado en noviembre de 1985, durante la administración de Rafael Hernández Colón, decía: “el Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe mantener estrecha vigilancia para cumplir sus reglamentaciones relacionadas al desarrollo en áreas susceptibles a riesgos naturales, dando especial atención a los problemas provocados de los desarrollos de comunidades no autorizadas”.

Todo Puerto Rico sabe que a esa recomendación, y a muchas otras desde entonces, se les hizo caso omiso, como queda demostrado desastre tras desastre, antes y después de Mameyes. En este momento, según estimados de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), entre el 55% y el 60% de las construcciones en la isla son irregulares.

Este es, puede verse, un problema de dimensiones mayúsculas, que provoca, como sabemos, vastas pérdidas humanas, económicas y sociales. Las personas que viven en zonas inundables, que son, según el último estimado del gobierno federal, 735,264, enfrentan, por ejemplo, múltiples problemas para asegurar sus propiedades y recuperar sus pérdidas cada vez que se les inundan.

Reconocemos, por supuesto, la enorme complejidad que implica hacerse de una vivienda en Puerto Rico, donde aplica como en pocos sitios el principio universal de que la gente no necesariamente vive donde quiere, sino donde puede. En un país en que casi la mitad de la población vive bajo el nivel de pobreza, por supuesto que se recurre a lo que esté al alcance para tener un techo.

Esa necesidad indispensable de vivienda accesible es lo que llevó a muchos a las laderas de Mameyes y a muchísimas otras comunidades en áreas peligrosas.

Reconociendo, pues, estas complejidades, que incluyen lo costoso de proyectos de mitigación, y en ocasiones reubicación, este es un problema de verdadero peso humano, social y económico, que los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos están en la obligación indelegable de atender. Proyectos de mitigación y reubicación anteriores, como el que está en proceso en la comunidad Juana Matos, en Cataño, suelen enredarse en telas de araña burocráticas y tardar años.

Invitamos a que se adquiera sentido de urgencia. Mameyes, de nuevo, nos señala la ruta. Menos de dos años después de la tragedia, la mayoría de los sobrevivientes habían sido reubicados en una comunidad segura, que perdura hasta hoy bajo el nombre Nuevo Mameyes, gracias a la coordinación, y velocidad, de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico de entonces.

El problema de las construcciones irregulares y de personas viviendo en zonas inundables, y todas las pérdidas que eso causa, no va a desaparecer hasta que haya acción contundente, decisiva y sostenida de las autoridades. No se puede seguir esperando.