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La legislatura se debe a la pulcritud que el pueblo exige

Es obligación que la conducta sin tacha prime en cada uno de los escaños de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. No olvide ningún senador y representante que su asiento resulta del propósito electoral de erradicar todo acto de corrupción gubernamental.

Con ese compromiso medular, el Senado debe investigar con diligencia y celeridad las serias imputaciones presentadas contra el senador Albert Torres Berríos. Las querellas incoadas contra el legislador se refieren a actos que podrían configurar el delito de soborno en la modalidad de “kickbacks”, y otros asociados a presuntas conductas violentas contra personal de su oficina legislativa.

Corresponde a la Comisión de Ética del alto cuerpo mantener el curso diligente de las denuncias contra Torres Berríos. Como dispone nuestro marco legal, al senador por el Distrito de Guayama, uno de los más jóvenes de esta legislatura, le asiste la presunción de inocencia. De surgir evidencia que valide señalamientos en su contra, será preciso encaminar los trámites de justicia necesarios.

Al presente, ha sido prudente relevar al legislador de las presidencias en las comisiones de Juventud, Recreación y Deportes, y Agricultura y Recursos Naturales.

Por otro lado, consideramos muy desacertado que, en sus limitadas declaraciones públicas, el senador haya hecho expresiones de corte prejuiciado e irrespetuoso contra sectores de nuestra sociedad. Estos ataques son precisamente parte de los estilos deshumanizantes que nuestro pueblo quiere erradicar del servicio público. En particular, es penoso que el senador pretenda minimizar las imputaciones en su contra con generalizaciones infundadas y pronunciamientos peyorativos contra los habitantes de los residenciales públicos.

También consideramos en nada edificantes las evasivas del senador en torno a sus posturas sobre legislaciones trascendentales para el país. Esta actitud despunta como menosprecio a la rendición de cuentas.

Los hechos que se le imputan a Torres Berríos incluyen un patrón de hostilidad contra empleados de su oficina. De ser validados, los señalamientos suponen también irrespeto a la dignidad de trabajadores.

Las denuncias aluden, además, a prácticas ilícitas que evocan otras que han sido penalizadas en el pasado, en torno a la pretensión de obligar a empleados a comprar taquillas para actividades proselitistas o de beneficio personal de funcionarios. En lo que respecta a Torres Berríos, ese tipo de imputación se refiere a boletos para la celebración de su cumpleaños, y al supuesto requerimiento de aportaciones monetarias mensuales a personal de su oficina.

La Asamblea Legislativa, como las demás ramas gubernamentales, está obligada a observar el principio del mérito y al uso sabio de los recursos. De ninguna manera, los miembros de la legislatura tienen licencia para presumir que los empleados legislativos deben servir a los intereses políticos o personales del funcionario que los contrata. El servicio público se debe al honor: no debe haber espacio para mancillarlo con prácticas que degraden a los trabajadores y corrompan la misión gubernamental.

Las alegaciones bajo investigación deben propiciar la revisión de los reglamentos éticos sobre el desempeño legislativo, a fin de asegurar su cumplimiento. Esa encomienda atañe a todo el personal de las oficinas legislativas, que bajo la supervisión de senadores y representantes tienen igual responsabilidad de brindar servicios íntegros y respetuosos al país.

La legislatura acumula ya demasiados casos de funcionarios que han actuado en menoscabo de la confianza otorgada por los sufragistas para que procuren el bienestar de sus representados.

La rama legislativa tiene que demostrar, con acciones trascendentales y firmes, que se mueve al ritmo de los tiempos, en aras de la sana y fértil administración pública que los constituyentes de Puerto Rico exigieron con vehemencia en los pasados comicios generales. El reclamo de cambio sigue vigente.

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