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La Ley Electoral tiene que revisarse sin demora

El amplio debate en torno al nivel de confianza en el sistema electoral de Puerto Rico debe mover a las autoridades políticas a revisar el marco estatutario que dio pie a los sucesos causantes de las controversias políticas o judiciales que deslucieron las primarias y algunos resultados de las elecciones generales del año pasado.

Los debates sobre impugnaciones de elecciones municipales y de ciertos distritos y precintos legislativos reafirman la necesidad de modificar también los trámites administrativos en la Comisión Estatal de Elecciones que rigen los procesos sufragistas.

El saldo tortuoso de las votaciones efectuadas el pasado año, con deficiencias ocurridas desde el proceso primarista – insólita y peligrosamente interrumpido- hace imperativo echar a andar las gestiones legislativas que permitan recuperar la total confianza en el sistema electoral.

Corresponde a las ramas ejecutiva y legislativa considerar las recomendaciones de expertos para enmendar la Ley Electoral y atender los planteamientos de los sectores políticos preocupados por las experiencias negativas durante los comicios generales y el conteo de votos.

Las alegaciones en torno a las elecciones municipales en San Juan, Aguadilla y Guánica recogen parte de las inquietudes que deben evaluarse detenidamente para que en los próximos comicios no exista espacio alguno para cuestionamientos sobre la pulcritud en la selección de los líderes gubernamentales. Los cuestionamientos de la legitimidad sufragista, muchos de estos derivados de defectos estatutarios, lesionan el sistema electoral y, por tanto, la democracia.

Una diversidad de expertos y entidades cuestionó disposiciones de la Ley Electoral que fue aprobada sin consenso partidista el 20 de junio de 2020. A ese estatuto se vincula gran parte de las deficiencias electorales experimentadas en la votación primarista iniciada el día 9 de agosto pasado y que fue aplazada por siete días debido a la apertura tardía de muchos centros de votación, entre otros escollos.

Ahora será conveniente examinar las disposiciones sobre el voto ausente y el voto adelantado en todas sus modalidades, entre otros aspectos de la referida ley. Por ejemplo, es importante identificar debidamente a los electores que se acojan a esas opciones. Preocupa que, en la práctica, no existan los controles suficientes para garantizar la pureza de todos los sufragios emitidos.

Es preciso revisar las disposiciones que centralizan mucha de la autoridad en la figura del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que prescinden del balance mediante la participación de todos los partidos. Además, es necesario examinar los contenidos que desfavorecen a las minorías políticas.

De ninguna manera cuestionamos la certificación de candidatos reconocidos como ganadores de los puestos electivos en los que se desempeñan desde enero. Pero los futuros procesos de votación tienen que producirse libres de dinámicas que despiertan dudas y descuidan un ambiente de pureza e imparcialidad clave para garantizar la voluntad de cada elector.

Puerto Rico necesita una ley electoral fortalecida mediante el consenso alcanzado en el proceso legislativo. De esa forma su ejecución robustecerá el sistema que permite que todo elector bona fide vote con la confianza de que su expresión en las urnas será contada como es debido.

Una ley electoral que promueva la credibilidad del sistema cobra relevancia mayor justo cuando los cargos electivos más importantes en el país se dilucidan por márgenes reducidos, como ha sido la tendencia consistente de las elecciones recientes. Un estatuto fortalecido puede estimular la participación electoral de sectores que han perdido confianza en el sistema electoral.

De cara a la próxima elección general, Puerto Rico necesita que la organización y ejecución del proceso sufragista refleje, de principio a fin, un manejo preciso de la distribución de las papeletas y demás materiales electorales. Requiere también operaciones prístinas en todos los centros de votación, con desempeño riguroso en el control de actas, conteo de voto, escrutinio y certificaciones de los candidatos electos. Un código electoral fortalecido será la llave para lograr esas metas y recobrar el reconocimiento internacional de un sistema electoral ejemplar como pilar férreo de la democracia.

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