La alarmante y arbitraria decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de retirar seis vacunas del esquema de recomendación universal para niños ha levantado una comprensible y atinada alerta entre pediatras en Estados Unidos y Puerto Rico. Se trata de una medida que choca de frente con una política de salud probada, con excelentes resultados, durante las últimas décadas.

Lo que parecía una noticia anunciada, tras la llegada a la Secretaría de Salud de un declarado enemigo de la vacunación masiva como herramienta de prevención, nos cae ahora como una decisión de salud pública irresponsable, pues reta a la ciencia y a la amplísima evidencia empírica. Robert F. Kennedy Jr. insiste porfiadamente en sus convicciones personales alimentadas, en parte, por teorías conspirativas.

Las vacunas retiradas, que ahora se administrarán solo como excepción ante ciertos cuadros clínicos, incluyen protección contra el rotavirus, la influenza o gripe estacional, el COVID-19, las hepatitis A y B, y el meningococo. El conjunto de estas enfermedades suele comenzar con síntomas comunes —fiebre, vómitos y malestar general—, pero puede evolucionar con rapidez hacia cuadros mucho más críticos. Con esta directriz, como ha reseñado El Nuevo Día, estas pasan a una nueva categoría denominada “vacunas basadas en la toma de decisiones clínicas compartidas”. Esto quiere decir que el médico y la familia del menor —y no el sistema de salud pública— determinarán si el niño la recibirá o no.

Aunque la inmunización no garantiza la eliminación absoluta de todos los riesgos, sí evita que la enfermedad derive en complicaciones graves o, lisa y llanamente, en la muerte. Al tomar esta fría determinación, Kenndy Jr. ignora el sufrimiento infantil evitable y la sobrecarga adicional que se traslada a las familias y a un sistema de salud que, por lo general, ya opera exigido hasta el límite.

En medio de este panorama, hubo algo de sensatez. Un grupo de vacunas recomendadas para todos los niños seguirán siendo administradas dentro del esquema universal: contra el sarampión, paperas, rubéola, polio, tos ferina, tétanos, difteria, Haemophilus influenzae tipo b, enfermedad neumocócica, varicela y contra el virus del papiloma humano (VPH).

Puerto Rico, por su ubicación geográfica y su voluminoso flujo turístico, es particularmente vulnerable a la importación de enfermedades contagiosas. Aún permanece en nuestra retina el caso de aquella viajera italiana que descendió gravemente enferma de un crucero tras contraer el COVID-19. Luego de su muerte, en marzo de 2020, se activó el primer confinamiento que nos advirtió que la pandemia era cosa seria.

Esta mezcla de decisiones erróneas, la confusión entre mitos y realidades, y el vaivén de directrices ha contribuido a un comprensible desconcierto entre médicos y directivos de Salud. Este ambiente es, por otro lado, una oportunidad para que el Departamento de Salud local ponga en marcha medidas que atiendan la situación desde una perspectiva mucho más afín a la realidad de Puerto Rico.

Lo que antes fue una nefasta corriente antivacunas que circuló por las redes, ahora es avalada desde la administración de Donald Trump. Y lo peor: con una creciente adhesión de quienes promueven militantemente esas posturas.

Asimismo, resulta paradójico que, en una época donde hay múltiples avances en immunizaciones masivas y probadas, se registre un rezago de tamaña dimensión. Algo que han criticado abiertamente la Organización Mundial de la Salud y antiguos y destacados directivos de los CDC que fueron removidos de sus cargos por no acatar las directrices imperantes.

Desde aquí respaldamos a los pediatras que hacen oír su voz y aplaudimos a las organizaciones del tercer sector que batallan para no bajar la guardia para respaldar la probada fórmula protectora de las vacunas. Ahora es cuando deben prevalecer las certezas y diluirse los prejuicios y temores infundados.