La opacidad pasa factura
Al reflexionar sobre la realidad de Puerto Rico en la coyuntura histórica actual encontramos que el déficit de transparencia y rendición de cuentas por los resultados de la gestión pública de cuatro décadas ha generado un deterioro de confianza y credibilidad que ha restado legitimidad y tronchado la viabilidad de importantes iniciativas gubernamentales, empresariales y ciudadanas dirigidas a aportar a la solución de los problemas y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Las políticas públicas del pasado han sido formuladas respondiendo a intereses particulares con énfasis en el interés electoral y no en respuesta al interés colectivo y la búsqueda del bien común.
Los gobiernos de turno han gestionado el País bajo la falsa premisa de que la administración pública y el partido político son la misma cosa. Este entendido incorrecto ha debilitado y deteriorado las instituciones lo que ha resultado en un pobre manejo de los recursos y en la falta de provisión de servicios públicos de calidad para atender las necesidades y hacer realidad los sueños y aspiraciones de nuestra gente. Los estilos adversativos y la falta de transparencia han menguado la capacidad de diálogo constructivo que genera innovación y fortalece la toma de decisiones y el análisis de los riesgos.
La opacidad en el manejo de los asuntos públicos ya nos pasó la factura: una precaria situación fiscal; la insolvencia de las corporaciones públicas; el pobre desempeño del sistema educativo; el deterioro de los servicios de salud; y las deficiencias del sistema de seguridad evidencian los pobres resultados alcanzados.
En medio de la incertidumbre económica y fiscal actual resulta imperativo desarrollar una cultura de responsabilidad; focalizar en la gobernanza transparente y abierta como proceso de gestión de los asuntos públicos; y ser más estratégicos en la formulación de las políticas públicas. Asimismo, es apremiante transformar las prácticas de gestión pública para asegurar la eficacia, la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios.
El desarrollo de una cultura de responsabilidad en la gestión gubernamental requiere el manejo adecuado de los recursos públicos y la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas. Además, requiere de un componente ético; de la participación activa de actores diversos de la sociedad civil, el sector empresarial y la ciudadanía en los asuntos públicos; y de un firme propósito de combatir la corrupción y sus efectos dañinos.
Cada vez se hace más necesaria la coherencia y la articulación de la acción pública en términos de la definición clara de los problemas, la toma de decisiones y su ejecución.
Antes de adoptar un curso de acción o política pública para generar soluciones a un asunto público es necesario identificar con precisión el problema y definir las necesidades reales de los ciudadanos.
Este esfuerzo depende de la capacidad de los actores públicos y la sociedad civil para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados y calibrar los riesgos. La improvisación y la aprobación de medidas legislativas y proyectos “fast track” debe ser remplazada por la formalidad y rigor de los protocolos diseñados para formular la política pública.
Adoptar los principios y métodos que se necesitan para trascender las fallas de la gobernanza, especialmente las fiscales, utilizando los estándares internacionales y mejorar el diseño, la implantación y la evaluación de las políticas públicas es de vital importancia para movilizar los resultados sociales y económicos a los que aspira nuestra sociedad. Adherirse a los principios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y la involucración activa de todos los actores sociales es trascendental para asegurar que la gestión pública responda al interés público y el bien común.
Emprender con firmeza y disciplina esta forma de gobernar nos permitirá elevar la vara hacia los verdaderos valores democráticos que tanto anhelamos.
