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La protección a víctimas y testigos suma justicia y paz

El Departamento de Justicia de Puerto Rico camina en la dirección correcta al reconocer el alarmante deterioro del Albergue de Víctimas y Testigos de Delitos que administra desde hace tres décadas. El paso obvio e inaplazable es agilizar los trámites conducentes a la rehabilitación de la estructura que debería ser un refugio seguro para quienes necesitan justicia y protección.

Es muy lamentable que deficiencias administrativas hayan impedido adelantar la rehabilitación del albergue con los fondos millonarios identificados para esos fines tras el paso del huracán María.

Recientemente se constató la disponibilidad de una partida de $6 millones contenida en la ley federal del Plan de Rescate Americano para el referido proyecto. No obstante, es preciso adelantar el proceso de subastas y otros trámites relacionados que permitan iniciar pronto la urgente restauración.

El Albergue de Víctimas y Testigos de Delitos fue creado mediante legislación de avanzada en la década de 1980. Mediante la Ley 77 del 9 de julio de 1986 se establecieron sus disposiciones rectoras, modeladas a base de estatutos previamente adoptados en Estados Unidos.

La adecuada protección a las víctimas, así como a los testigos de un crimen, garantiza su seguridad personal, la de sus familiares y la de otras personas cercanas. Además, propicia la colaboración en los procesos investigativos para lograr el esclarecimiento de los hechos delictivos, así como las intervenciones, acusaciones y el desarrollo de los procesos judiciales necesarios para probar la comisión de los delitos e imponer las penas correspondientes.

Dejar desprovistos de protección certera a los ciudadanos que sufren los severos golpes de la criminalidad suele sumirlos en angustias e incertidumbres. Temen quedar expuestos a un nuevo ataque violento, así como a amenazas o intimidaciones para amedrentarlos o acallarlos. Desproteger a las víctimas y a los testigos también lacera seriamente la confianza en el sistema de administración de la justicia. Desalienta aportaciones cruciales de los perjudicados que contribuyen a evitar la impunidad.

Los crímenes violentos son con frecuencia perpetrados por organizaciones dedicadas al contrabando de sustancias controladas o de armas. El manejo deficiente del albergue puede complicar los esfuerzos de las autoridades para recopilar evidencia importante que puede esclarecer delitos que consternan a la población. Desmotivar la cooperación ciudadana dificulta frenar las actividades del crimen organizado, lo que se traduce en severos daños a la sociedad.

El Negociado de la Policía señaló que solo el 30% de los asesinatos registrados hasta el verano pasado había sido esclarecido a ese momento. Previamente, las autoridades han reconocido que, en la mayoría de los delitos tipo 1, el esclarecimiento no supera el 60%. La impunidad constituye un pesado escollo en la trascendental misión de combatir la criminalidad y promover la seguridad pública.

En tal sentido, lucen atinadas las proyecciones del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para mejorar el Albergue de Víctimas y Testigos de Delitos, en todos sus aspectos. Asimismo, construir instalaciones similares fuera de la zona metropolitana de San Juan debería sumar confianza en el sistema de protección.

El funcionario ha destacado la importancia de mejorar, no solo el albergue existente, sino los procesos para preservar la higiene y proveer servicios de calidad a los internos. Además, ha planteado poner en vigor un plan de segregación de refugiados, de acuerdo con el tipo de delito del que han sido víctimas o testigos.

Para garantizar la protección de estos ciudadanos será igualmente importante colaborar para optimizar las operaciones de los albergues para víctimas de violencia doméstica y de maltrato de menores que son operados por organizaciones que dependen de donaciones y asignaciones de fondos gubernamentales.

La seguridad como aspecto fundamental del bienestar colectivo tiene que ser prioridad en Puerto Rico. Respetar la dignidad y la vida de quienes contribuyen a erradicar y castigar las conductas delictivas es un paso lógico, necesario e impostergable para avanzar en la búsqueda de justicia y paz para nuestras comunidades.

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