El litigio que se avecina, a raíz de las negociaciones en torno a la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, añade otro capítulo de dificultad a la ya complicada ruta para la transformación energética en Puerto Rico.

El diálogo se ha roto tras años de esfuerzos costosos en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para los distintos grupos de bonistas y para las finanzas puertorriqueñas. Esta vez, no es que otro preacuerdo de reestructuración se haya malogrado; lo que ha colapsado ahora es el proceso mismo de las negociaciones. El panorama se complica porque el fin de las conversaciones coincide con el azote destemplado del huracán Fiona a Puerto Rico, como ocurrió hace precisamente cinco años con el golpe del ciclón María.

La Junta de Supervisión Fiscal ha llevado el impasse al Tribunal del Título III creado en virtud de la ley Promesa. Esperamos que, como ha sido hasta ahora, se mantenga la moratoria judicial sobre reclamaciones a corporaciones públicas en lo que el proceso que preside la jueza Laura Taylor Swain dilucida la solución razonable al endeudamiento que entorpece la modernización eléctrica de nuestro país.

La ausencia de una reorganización de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que funcione tanto para los acreedores como para Puerto Rico dificulta acometer las metas de las demás áreas relativas a la transformación de la red.

El impacto huracanado ocurrido casi en esta misma fecha del 2017 (20 de septiembre) desnudó la obsolescencia de los distintos componentes del sistema eléctrico. El golpe del ciclón Fiona confirma esa debilidad sistémica. La modernización de la red energética es una obligación urgente que requiere financiamiento, y es muy desafiante lograrla sin una redefinición racional de las obligaciones de la entidad pública.

La deuda pesa sobre el objetivo también esencial de transformar las operaciones de los componentes de transmisión y distribución. Esta tarea es fundamental, tanto para evitar los desesperantes apagones parciales o generales, como para edificar un clima de sostenibilidad energética que elimine la incertidumbre empobrecedora de la actividad económica en Puerto Rico.

No menos importante es la diversificación de las fuentes de energía. Es vital reducir la dependencia del oneroso petróleo y los efectos de las variantes en los precios de los mercados internacionales. Agregar fuentes renovables, mediante un proceso de transición que incluya el gas natural, que es menos costoso y más limpio que el crudo, es una solución razonable.

Como indican expertos, es necesario aglutinar en una misma visión la solución de las distintas áreas programáticas del sistema, para disipar el desorden percibido en la agenda energética.

Alcanzar la transformación energética requiere dejar atrás la bancarrota. La inestabilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica hace que se asiente más el andamiaje defectuoso que mantiene el servicio en un hilo, el cual colapsa con facilidad ante los vientos y las lluvias, sean muchos o pocos.

El pueblo de Puerto Rico merece contar con una solución sostenible y realista a la incertidumbre que vive a causa de las deficiencias de los componentes energéticos. La salud y otros indicadores de la calidad de vida de la población dependen de la solidez del servicio eléctrico. En su robustez también están afincadas las esperanzas de obtener inversión para el desarrollo económico.

Urge una reorganización rápida y sabia a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica para que ese problema deje de obstaculizar el presente y el futuro de nuestro país.