La aprobación de una nueva ley que facilita el acceso remoto a médicos y profesionales de la salud viene a resolver una urgente necesidad de los pacientes puertorriqueños, quienes han debido enfrentarse a largas esperas y, en numerosos casos, a la imposibilidad de recibir atención especializada.
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La Ley 8 de 2025 avanza en la dirección correcta para atender, en parte, esta situación provocada por el incesante éxodo de médicos y la jubilación de otros. Si algo positivo surgió de la pandemia de COVID-19, fue la revitalización de la telemedicina, que pasó de representar solo un 5% del total de consultas a un 60%.
Las gestiones gubernamentales corrigen la carencia de un estatuto que regule esta práctica y que permitirá interactuar tanto con profesionales locales como con médicos en Estados Unidos. Además, los servicios prestados deberán ser facturados y reembolsados por las aseguradoras y la Administración de Seguros de Salud (ASES) de la misma manera que los servicios presenciales.
Con esta legislación se determina que un médico o profesional de la salud con licencia en Puerto Rico no necesitará certificación adicional para ejercer mediante telemedicina.
No ocurre igual, según el secretario del Departamento de Salud, con los galenos que ofrezcan estos servicios desde Estados Unidos, quienes deberán obtener una certificación adicional.
Una buena consulta remota con un profesional de la salud permite resolver cuadros de salud comunes y derivar correctamente a quienes requieran una segunda opinión o incluso detectar una dolencia que amerite acudir a la emergencia. Aunque la telemedicina no resuelve todos los casos, ayuda a descongestionar las salas de espera y a reducir consultas innecesarias en los servicios de urgencia.
Puerto Rico enfrenta una crisis sin precedentes en su sistema de salud, debido a la escasez de médicos y especialistas, según un estudio presentado por la Junta de Supervisión Fiscal.
El 47% de los médicos activos en la isla tiene 60 años o más, la tasa más alta entre todos los estados y territorios de EE.UU. La situación más crítica se presenta en la escasez de especialistas en pediatría, reumatología, obstetricia, ginecología y cirugía.
Además, la tasa de retención de médicos jóvenes en la isla es de apenas el 50%.
Por otra parte, la telemedicina requiere que los usuarios posean destrezas básicas en tecnología e internet. La estadística no ayuda a sostener el éxito de esta innovación: cerca del 35.2% de los habitantes de Puerto Rico tiene 55 años o más, y menos de la mitad de este grupo tiene acceso regular a internet. Según el Plan de Equidad Digital de Puerto Rico (2024), solo el 47% de los adultos mayores accede a la web con regularidad, en comparación con el 92% de los jóvenes de entre 18 y 34 años.
Relacionado con estas iniciativas, resulta fundamental abordar el tema de la cobertura de internet. El Programa de Equidad, Acceso e Implementación de Banda Ancha (BEAD, por sus siglas en inglés) cuenta con un fondo de 334 millones de dólares destinado a financiar proyectos y actividades de planificación, implementación, mapeo, equidad y adopción de internet de alta velocidad. Ojalá estos recursos se utilicen efectivamente y no se pierdan en la inacción.
Se espera que la certificación de los médicos de EE. UU. no se demore innecesariamente por la burocracia. El acceso a estos profesionales ayuda a solucionar la carencia de especialistas, que provoca largas esperas y, en algunos casos, agrava las dolencias.
Sin duda, la Ley 8 llena un vacío y constituye una solución inteligente. Además, esta modernización posiciona a Puerto Rico en el liderazgo en telemedicina en la región del Caribe.
Es imperativo resolver todos los temas pendientes para la plena implementación de una reforma que promueve la equidad social.
