Mientras el planeta lucha contra la pandemia del COVID-19, una plaga no menos peligrosa recorre América Latina: la de los ataques a la prensa y el asesinato de periodistas, algo que cada año cobra la vida de decenas de profesionales de los medios, siendo mayor su virulencia en los países centroamericanos.

Lápices Inmortales, una nueva campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), apela a la vigencia moral de los periodistas que han caído en el ejercicio de su profesión, fabricando lápices que llevan el ADN real de los informadores muertos. La idea: un estremecedor homenaje que los mantiene vivos en la firma de tratados y otros documentos en favor de un periodismo libre.

Los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de nuestra hermana antillana República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, utilizaron dichos lápices para firmar declaraciones de repudio a los asesinatos, y exhortar a los gobiernos de la región para que investiguen esos crímenes y, sobre todo, los prevengan.

México, desde hace años, carga con la tristeza de ser el país más peligroso para los periodistas en América Latina, comparándose, a nivel internacional, con lugares en guerra o que sufren grandes convulsiones políticas, como Afganistán, Irak o Siria.

En lo que va de 2020, tres periodistas han sido asesinados, y otro está desaparecido y se da por muerto. Las mafias son intolerantes al mínimo asomo de investigaciones periodísticas, y lo cierto es que el gobierno mexicano no ha podido contener la infiltración del crimen organizado en sus cuerpos de seguridad. En 2019 cayeron 11 periodistas de distintos medios de comunicación, pues la violencia no discrimina entre los reporteros gráficos o radiales, ni entre hombres y mujeres.

En Guatemala es común que los reporteros reciban amenazas de muerte si escriben sobre actos de corrupción que involucran a políticos y a gobernantes, lo que ha llevado frecuentemente a la autocensura. Honduras no se queda atrás, y también ha sido calificado como uno de los lugares más peligrosos para ser periodista.

En menos de dos décadas, 82 informadores han sido asesinados en ese país en relación con su trabajo, y solo siete de los casos han sido esclarecidos. Se trata de una combinación de impunidad y encubrimiento por parte de distintos gobiernos, que mantiene acorralada a la prensa.

Pero no solo la agresión física y el asesinato son enemigos del ejercicio del periodismo. Aunque no corra la sangre, la negativa a proveer información es igualmente un crimen contra el derecho de los ciudadanos, y un obstáculo que continuamente interrumpe la labor de los periódicos o programas investigativos.

Como bien señalan organizaciones internacionales, como la SIP y Reporteros Sin Fronteras, las constantes amenazas con acciones legales, algunas por difamación, que los periodistas o sus medios deciden no enfrentar, conducen a la autocensura o la paralización de una pesquisa que es legítima y que debería poder realizarse sin ninguna clase de intimidación.

Nunca ha sido fácil informar con rigor a la población. Pero en una época en que hay tantos intereses entremezclados y la política extiende sus tentáculos en distintas direcciones, todos los periodistas, incluso los de Puerto Rico, a menudo chocan con barreras de silencio, arrogancia institucional y presiones insoportables.

La campaña de la SIP para que la esencia más íntima de los periodistas que murieron siendo ejemplo de entereza, se mantenga viva en las manos de quienes los relevan, en forma de un lápiz, es el mejor espaldarazo a una profesión que reclama más solidaridad que nunca.