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Las excusas del alcalde de Mayagüez golpean al pueblo

Después de dos semanas sin hablar de frente al pueblo, tras el arresto federal de tres exasesores cercanos y un exempleado de confianza imputados de defraudar al municipio de Mayagüez por $9 millones, la comparecencia pública del alcalde José Guillermo Rodríguez ha quedado lejos de arrojar luz sobre las decisiones administrativas altamente cuestionables que pesan sobre las finanzas y la confianza del ayuntamiento.

Al procurar desvincularse de las transacciones irregulares, el ejecutivo municipal dejó sin responder preguntas importantes relacionadas con el manejo de los haberes del ayuntamiento, específicamente, sobre una empresa municipal cuya junta de gobierno el mismo alcalde preside.

Resulta decepcionante y preocupante que el alcalde, con 28 años de experiencia en el cargo, esboce como justificación que desconocía que entre sus más allegados se tejía, y se concretó, un esquema de transacciones con propiedad municipal en perjuicio del interés público. Una de las interrogantes cruciales que quedan sin respuestas es cómo tales actos fueron posibles.

El jefe del gobierno de Mayagüez debe responder cómo fue posible que un veterano líder, destacado por su estilo controlador, no se haya percatado de manejos que se perfilan irregulares o hasta contrarios a la ley. Por lo menos desde 2019, a raíz de demandas judiciales, han trascendido informaciones sobre determinaciones cuestionables de la empresa Mayagüez Economic Development Inc. que el alcalde preside. Los pleitos apuntan a que se usaron propiedades públicas para garantizar préstamos de la corporación municipal sin la presunta autorización de la junta de directores.

Entre otras lagunas informativas, el ejecutivo municipal se declaró ajeno a la forma en que se capitalizarían transferencias del municipio a la corporación municipal de dos estructuras públicas ahora en riesgo de embargo. El alcalde parece pasar por alto que tiene una responsabilidad vicaria sobre las gestiones municipales, muy en particular las que implican cuantías significativas o comprometen bienes públicos. Delegar funciones no puede significar, bajo ningún concepto, enajenarse del deber de supervisar y dar seguimiento a los trabajos confiados, sus progresos y resultados.

Resulta inaudito que Rodríguez pretenda liberarse de responsabilidad, apuntando a que agencias fiscalizadoras tampoco se percataron ni dieron seguimiento a las transacciones en cuestión. Según adujo, no se cuenta con infraestructura para monitorear tales manejos. Igualmente, procuró generalizar que rara vez allegados o colegas tienen conocimiento de actos por los que funcionarios de gobierno y legisladores enfrentan acusaciones.

Estas excusas del alcalde golpean la moral del pueblo.

El custodio de los bienes del municipio de Mayagüez es, ante todo, el ejecutivo municipal. Y es responsable, tanto por acción como por omisión, de toda gestión bajo su administración. La supervisión efectiva y el exhibir cuentas para rendirlas al pueblo es una de las principales misiones que el país merece de sus líderes electos y de todo servidor público con responsabilidad gerencial.

Los cuestionamientos sobre las transacciones en el Municipio de Mayagüez son legítimos y aplicables a otros municipios donde la creación de empresas municipales no haya resultado en beneficios para el pueblo.

En ese contexto, resulta pertinente la investigación que la Cámara de Representantes se propone realizar sobre las transacciones financieras de los 78 ayuntamientos. Debe advertirse, sin embargo, que la pesquisa legislativa no debe utilizarse como telón político para excusar actuaciones indebidas bajo el pretexto de que los referidos esquemas se repiten o son similares en otros pueblos.

Son inexcusables las decisiones concernientes a bienes públicos que no siguen procesos protectores del interés público. Es necesario establecer mecanismos firmes para detectar anomalías, imponer responsabilidades, cerrar brechas en las leyes y reglamentaciones que permiten las negligencias.

En ese sentido, es oportuno también evaluar recomendaciones como la propuesta del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, de que se enmiende el Código Municipal para que se auditen las empresas municipales y se les incluya en los estados financieros auditados. Fortalecer el marco legal para fiscalizar la gestión municipal es una obligación mayor.

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