Con la clausura del Zoológico Juan A. Rivero de Mayagüez se cierra otro triste capítulo de mala administración en Puerto Rico, quedando privada la población, en especial la niñez, de lo que se ideó como un lugar donde admirar y aprender sobre las especies que viven alrededor del mundo. Ahora hay que concentrarse en el mejor uso que se le dará a ese espacio, en aras de un proyecto que sirva al país.

Como se anunciaba a principios de semana, y según el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, todos los animales serán evacuados del parque rumbo a diversos santuarios en Estados Unidos.

Los hallazgos de la investigación que se ha llevado a cabo son de naturaleza grave, destapando un sinnúmero de procedimientos arbitrarios, así como conductas, como mínimo de crueldad, hacia seres vivos que habitaban el zoológico.

Al conocer parte de las situaciones que se produjeron tenemos que lamentar que se dejara pasar tanto tiempo antes de tomar la decisión que, por más frustrante que nos resulte, es la única posible a fin de salvar a los animales que allí quedan: sacarlos cuanto antes del parque.

Ningún gobierno ni ninguna de las agencias que se supone que gestionaran el buen funcionamiento del Zoológico de Mayagüez, y el bienestar de los animales, tenía un plan, ya no digamos adecuado, sino al menos digno, para operar el lugar.

Al contrario, el zoológico fue pasto de la improvisación, acumulándose las dificultades y los cambios de administración, pasando de estar bajo el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que permitió que las cosas empeoraran. Como muestra, un botón basta: en 2019 el Zoológico de Mayagüez tuvo tres administradores en solo tres meses. Nada podía funcionar así, y los resultados que arrojó el informe dado a conocer esta semana demuestran con creces que, en efecto, nada funcionó.

En los últimos tiempos, la cúpula de Recursos Naturales y Ambientales no solo se negaba a reconocer las graves irregularidades del zoológico, sino que privaba a la prensa de la información necesaria para determinar cuántos animales había, en qué condiciones, y bajo qué cuidados y recomendaciones veterinarias. Se hizo necesario demandar en corte para que entregaran unos documentos que tampoco arrojaron mucha luz sobre lo que estaba pasando, puesto que carecían de datos esenciales.

Ahora que ha quedado expuesta la verdad, solo resta condenar la manera absurda en que se vino abajo el sueño de varios científicos prominentes que en la década de 1950 ayudaron a levantar el “pequeño parque zoológico” que ideó y dirigió el gran biólogo que fue el doctor Juan A. Rivero.

Pese a que las autoridades federales han decidido zanjar el asunto con el traslado de los animales, a fin de no prolongarles el sufrimiento con nuevas pesquisas, la sombra de las irregularidades ha estado presente en todo momento.

Tras la frustración inicial, debemos estar atentos a lo que se hará con ese espacio. La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, acaba de dar a conocer los planos de lo que sería un parque pasivo, que también llevaría el nombre del doctor Rivero y en el que, además del lógico esparcimiento, se eduque en diferentes temas a los visitantes. Son muchas cuerdas de terreno bendecidas por una vegetación exuberante, con bosques y humedales, que confiamos en que sean protegidas. Debemos tener presente que el país no está para obras faraónicas, sino para conceptos sencillos y funcionales cuyo mantenimiento pueda garantizarse.

No habrá más zoológicos en Puerto Rico. De la amarga experiencia pueden extraerse lecciones aplicables a otras situaciones de abandono que están ocurriendo y que igualmente nos costarán caro en distintos ámbitos.