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Liderato para encaminar la renovación de la UPR

En el proceso riguroso para seleccionar a la persona que ocupará la presidencia de la Universidad de Puerto Rico debe prevalecer el candidato con mejores competencias para liderar con determinación la transformación institucional que el país requiere de su primer centro docente.

Es fundamental que en el ejercicio para tomar la determinación de designar la principal figura directiva de la institución educativa prime la consideración de los valores intelectuales, así como las pericias gerenciales y reputación profesional que exige el importante cargo.

Inquietan informes de que, a pocas semanas para culminar el término establecido para llenar la vacante en la presidencia, no existe aún consenso en la Junta de Gobierno y los senados académicos de los recintos para proceder con el nombramiento. Por un lado, las recomendaciones de los senados académicos de diez recintos hechas al Comité Especial de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno están divididos 4-3 entre dos candidatos. Por otro lado, los candidatos que se aduce tienen el mayor apoyo en la Junta, también por margen estrecho, tuvieron menos respaldo de la comunidad universitaria.

La Junta de Gobierno tiene 14 miembros y, aunque su reglamento interno no requiere una mayoría absoluta para elegir un presidente, a mayor respaldo más contundente el mensaje de unidad de propósitos y en mejor posición de liderato quedará la persona seleccionada. Deben evitarse a toda costa los lamentables acontecimientos del año pasado, cuando el organismo rector tuvo que realizar tres elecciones separadas para escoger un presidente interino. El calendario de trabajo establecido para este proceso tiene pautada para el 26 de mayo la selección del presidente en propiedad durante su reunión ordinaria. Quien presida comenzaría en funciones para administrar el nuevo presupuesto a partir del 1 de julio.

En aras del más alto espíritu universitario, la elección debería contar con el acuerdo de una mayoría representativa de todos los componentes de la Universidad y estar libre de consideraciones que se alejen de las competencias verdaderamente relevantes para el puesto. Ha debido ser ese el propósito del comité especial designado por la Junta. La Universidad está llamada a ser ejemplo de la gobernanza participativa y el diálogo para lograr acuerdos. Quien presida la institución necesitará trabajar en colaboración con el resto de la comunidad universitaria. Por ello, su sentir en el proceso de seleccionar a quien presidirá debe tomarse en cuenta.

Entre sus mayores desafíos, la UPR tiene por delante reordenar sus finanzas y su estructura interna desde su cúpula administrativa para ser más ágil y eficiente, atemperada a su presupuesto de $500 millones a partir del próximo año fiscal hasta 2027. En ese sentido, otra de sus prioridades debe ser buscar fuentes de ingreso que den estabilidad financiera a la institución mientras propicia su modernización.

Resulta alentador que desde el Ejecutivo se ha reconocido que el sistema universitario ha sido exitoso en implementar iniciativas fiscales. En enero, el secretario de Estado, en su calidad de titular de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, dijo que aspira a lograr una reestructuración voluntaria que evite la pérdida de fondos federales, acreditaciones y subvenciones de la UPR.

Precisamente, se necesita que la nueva presidencia encamine gestiones dinámicas para asegurar la retención de las acreditaciones del sistema, para impedir la clausura de valiosos programas como ocurrió con el de Neurocirugía en el Recinto de Ciencias Médicas.

Desde la dirección central de la Universidad no puede quedar relegado el compromiso férreo de innovar, fomentar más investigaciones, retomar alianzas académicas con otros centros docentes de prestigio mundial y retener aquí gran parte del talento que hoy exporta.

En la coyuntura histórica en que se encuentra Puerto Rico y particularmente la Universidad, es imperativo dirigir con firmeza a la institución para cumplir la misión de formar profesionales de primer orden y encaminar proyectos de vanguardia que contribuyan a la recuperación económica y social de nuestro país.

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