El liderato popular en el Senado se ha burlado del principio de separación de poderes, y de la seriedad que debe imperar en los procesos de evaluación de los nombramientos gubernamentales, al negarle al juez Roberto Rodríguez Casillas la oportunidad de que se evalúe en vistas públicas su nominación para juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico.