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Líderes del PPD en el Senado deslucen la democracia

El Senado, entidad con la responsabilidad constitucional de proveer consejo y consentimiento sobre los nombramientos sometidos por el Ejecutivo, recibió en las pasadas dos sesiones ordinarias más de una treintena de designaciones sobre las que no actuó, aduciendo reservas con ciertos designados. Es preciso que el cuerpo senatorial se vista de transparencia y eficiencia, para honrar los legítimos procesos evaluativos que posibiliten la gobernanza en Puerto Rico.

La justicia y la razonabilidad deben estar en el centro del procedimiento mediante el cual se examinen las nominaciones en el Senado, mediante audiencias públicas que provean visibilidad a las deliberaciones. Toda determinación debe estar fundamentada en el examen de los méritos, o la ausencia de estos, de cada persona nominada, libre de consideraciones ajenas al bienestar público.

Por segunda vez en su primer año de administración, el gobernador Pedro Pierluisi retiró 36 nombramientos antes de concluir la sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa, debido a la inacción injustificada del Senado. Entre los puestos sin atender están el de principal ejecutivo de Innovación e Informática, el de comisionado de Seguros, dos para la junta de directores del Instituto de Estadísticas y un número considerable de jueces.

El caucus de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) se abstuvo de tramitar la mayoría de las nominaciones, alegando cuestionamientos sobre algunas de estas. El liderato mayoritario senatorial ha planteado que ciertas personas nominadas no tienen la capacidad de asumir la gestión que el cargo conlleva. Tales aseveraciones resultan injustas para los nominados cuando no media un proceso evaluador que las fundamente. Los portavoces del PPD plantean insinuaciones sobre asuntos que prefieren no revelar, sin haber ofrecido a las personas aludidas la oportunidad de responder y demostrar que cuentan o no con las competencias para los cargos correspondientes.

El liderato del Senado causa un severo daño a la gobernanza democrática al impartir arbitrariedad a las consideraciones de las designaciones a cargos públicos. Ningún proceso evaluativo debe ser rehén de exigencias partidistas o desvinculadas del verdadero interés público. El secuestro de jefaturas medulares para el país, además de evidenciar crasa inmadurez política, erosiona la credibilidad de la gestión pública.

El Departamento de Educación, en particular, requiere estabilidad en momentos en que recibe amplio auxilio programático de la agencia educativa federal, de cara a los grandes desafíos del sistema de instrucción puertorriqueño.

El gobernador Pierluisi ha esperado al cierre de la sesión para presentar en propiedad la nominación de Eliezer Ramos Parés, el cuarto secretario de Educación designado en once meses de gobierno. De esta forma, busca asegurar continuidad a los trabajos de la agencia en medio del impasse en la legislatura en torno a otros nominados. El liderato de la mayoría legislativa debe reconocer, de una vez por todas, que proveer estabilidad a la gobernanza educativa es un asunto prioritario.

Asimismo, Pierluisi ha vuelto a someter otras nueve designaciones para mantener la continuidad de las operaciones gubernamentales. Ha declarado que se abstendrá, por el momento, de presentar nominaciones nuevas. Quedan pendientes designaciones de la talla de la Contraloría, la presidencia y vicepresidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y un cargo de juez asociado en el Tribunal Supremo.

El mandatario ha anticipado que se inclina por convocar una sesión extraordinaria para atender nombramientos, entre otras iniciativas. La negativa legislativa a evaluar en un lapso razonable las nominaciones a posiciones que son necesarias para la eficiencia operativa del gobierno es una conducta con visos de negligencia que mina la misión de servicio público.

El sensato mandato constitucional de asegurar controles de peso y contrapeso en la gobernanza puertorriqueña impone al Senado el deber de facilitar el proceso de gobernar. Por la salud de nuestra democracia, el cuerpo senatorial tiene la obligación de asumir su deber con diligencia y respeto a las necesidades de Puerto Rico.

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