En apenas meses, los contribuyentes de Puerto Rico tuvieron que gastar $72,496 en elecciones especiales para sustituir a funcionarios electos corruptos. Por esa pérdida, que es apenas una fracción del gigantesco costo económico de la corrupción pública en Puerto Rico, hay que señalar de forma directa, aparte de los perpetradores, a los partidos políticos que incluyeron en sus papeletas a candidatos inapropiados.