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Los contratos legislativos sin mérito burlan al pueblo

Es obligación de la Asamblea Legislativa abstenerse de conceder contrataciones sin méritos que burlan el estado de precariedad que sufren, no solo el erario, sino el bolsillo de muchas familias puertorriqueñas.

Esas recurrentes prácticas onerosas incluyen las remuneraciones exorbitantes que reciben contratistas legislativos. Pagos a razón de $100 la hora por tareas tales como acompañar a representantes en visitas a los pueblos, obligan al liderato legislativo y a las entidades fiscalizadoras del gobierno a depurar los criterios de contratación y remuneración. Es preciso prevenir amiguismos, favoritismos o el inversionismo político a la hora de distribuir los recursos públicos.

Los contratos que conllevan desembolsos de más de $100,000 al año por tareas a tiempo parcial de apoyo no especializado contrastan con la aguda alza en el desempleo en Puerto Rico, cuyo gran impacto se refleja marcadamente en pueblos cuyos representantes legislativos mantienen servicios de asesoría costosos.

Igualmente, los contratos con cuantías elevadas concedidos a personas sin preparación académica suficiente o especializada reflejan una disparidad marcada con las remuneraciones de la mayoría de los empleados de carrera en el servicio público. Ese tipo de contrataciones genera malestar y desánimo en el personal de carrera de las cámaras legislativas y en los trabajadores regulares de las demás ramas del gobierno.

Expertos en recursos humanos observan que mediante ajustes de los presupuestos legislativos sería posible crear más empleos en lugar de destinar los fondos a pequeños grupos con salarios elevados.

Por otro lado, los procesos de rendición de cuentas y de corroboración de las labores que los contratistas realizan son deficientes, lo que agrava el desorden administrativo en la Asamblea Legislativa. Según se desprende de contratos revisados por El Nuevo Día, las facturas sometidas por los contratistas para poder cobrar de forma regular incluyen descripciones escuetas y generales de sus tareas. Los documentos constituyen meras hojas de trámite que, sin cuestionamientos procesales mayores, autorizan el desembolso de jugosas remuneraciones.

No existen prácticas sistémicas de auditorías sobre las labores y sus pagos ni mecanismos eficientes para el recobro de fondos públicos por tareas no realizadas.

En algunas de esas facturas revisadas por este medio se documentan tareas sin mayores complejidades como repartir dulces o regalos, a razón de $100 la hora en jornadas a tiempo parcial. En otro documento la tarea facturada alude a inspecciones en las comunidades para identificar focos dañados en el sistema público de alumbrado, una tarea que corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica.

Es lamentable que, al cuestionarse tales contrataciones y pagos, el máximo liderazgo legislativo minimice el asunto o pretenda justificarlo como una gestión válida enmarcada en la discreción de senadores y representantes para reclutar y remunerar, como mejor estimen, a su personal regular y de apoyo. Esa actitud demuestra el flaco servicio que el liderato legislativo hace a los ciudadanos que les depositaron su confianza con su voto.

Esta negligencia administrativa no es exclusiva de la legislatura. Se produce, por ejemplo, en agencias del gobierno central, corporaciones públicas y los municipios. Sin embargo, presenta gradaciones de descontrol mayor en las cámaras legislativas, especialmente mediante los empleados por contrato.

Hoy, en medio de la insuficiencia fiscal y las serias deficiencias en las operaciones gubernamentales, estas prácticas tienen que ser descartadas. Lograrlo supone abrazar procesos en los que prime el sistema del mérito como principio de selección del personal, así como criterios objetivos de supervisión y remuneración de acuerdo con el trabajo desempeñado.

Se impone el rigor gerencial y la selección meritoria de los recursos humanos para alcanzar las metas de eficiencia y garantizar el uso adecuado de los fondos públicos. No debe haber espacio en la Asamblea Legislativa, ni en el resto del gobierno, para el amiguismo, el nepotismo y toda otra práctica desvinculada de los criterios de sana administración.

 

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