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Los fraudes contra el PUA reflejan la quiebra social

Lo que más desgarra del voluminoso cúmulo de fraudes al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) es el lamentable retrato de quiebra social en que se coloca a Puerto Rico y a su gente. Estamos ante una bancarrota moral con resultados deplorables.

El gobierno ha informado que ha detectado cerca de 100,000 casos de fraude al PUA, un fondo federal de mitigación de la pandemia del COVID-19. Estas no son cifras ni alegaciones menores. Por el contrario, confrontan a nuestro país con la fragilidad de nuestra madera social y su reflejo en nuestras familias e instituciones.

Estos actos altamente reprochables despojan de fondos esenciales a personas con necesidades reales que buscan sustento legítimo en estas circunstancias pandémicas. Y laceran más la imagen puertorriqueña ante el gobierno federal y otros sectores importantes que nos observan.

El gobierno de Puerto Rico, en coordinación estrecha con las autoridades federales, está obligado a colaborar al máximo en las pesquisas que deben propiciar la aplicación de todo el peso legal a quienes hayan incurrido en violaciones de ley y de la confianza mediante los diversos esquemas ilegales que comienzan a detectarse en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

No menos importante, los ciudadanos están emplazados a cooperar para frenar violaciones que deslucen al pueblo de Puerto Rico.

El PUA está destinado a personas que carecen de empleo remunerado y no cualifican para el programa regular de desempleo, estableciendo criterios claros para reclamar las ayudas. Preocupan la variedad de esquemas fraudulentos y la implicación de menores en las delincuencias.

Cada modalidad de fraude, muy particularmente las que incluyen prácticas altamente lesivas como el robo de identidad, son en extremo repudiables y castigables. Algunas han sido vinculadas a movimientos del crimen organizado; otras han sido perpetradas por familias o menores.

Resulta deleznable que servidores públicos, algunos a cargo de tramitar estas ayudas en el DTRH, sean partícipes o cómplices de fraude. Esta agencia, que no ha respondido con eficiencia a las necesidades legítimas de miles de desempleados, tiene que tomar acciones precisas para prescindir del personal que se pruebe haya actuado al margen de la ley.

El asunto tiene que atenderse con urgencia porque vincula a alrededor 10,000 empleados públicos que han devengado sus salarios en el periodo pandémico y no tendrían derecho a esos fondos. Además, se sospecha del cobro de comisiones para tramitar solicitudes.

La situación refleja también la falta de rigor en la revisión de las peticiones, para descartar las improcedentes. Según estimados preliminares, de 307,000 reclamaciones recibidas en el DTRH, cerca de 100,000 son de personas que no tenían derecho al PUA, pero fueron validadas y la ayuda desembolsada.

La situación enfatiza la importancia de fortalecer los sistemas de información del gobierno, con salvaguardas que faciliten la identificación de datos falsos o incorrectos al manejar propuestas, contratos y solicitudes de asistencia económica.

Urgen cambios estructurales centrados en la transparencia y la rendición de cuentas, con personal bien capacitado en el manejo de programas de ayudas y otras iniciativas que fomenten el fortalecimiento de los procesos gubernamentales.

Las pesquisas en curso revelan, sin duda, el daño social de una corrupción cuyo veneno percola a la institución de la familia, con adultos y menores de núcleos parentales implicados en los esquemas de fraude.

Este escándalo de fraudes masivos reitera la urgencia de desarrollar un proyecto de país que apueste al modelaje edificador desde el núcleo familiar y comunitario, reforzado por instituciones genuinamente inspiradoras. Es posible la meta de construir en Puerto Rico una sociedad justa y honesta comprometida con la búsqueda del bien común.