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Los grandes beneficios de superar la vivienda informal

Puerto Rico debe dar pasos afirmativos para resolver la proliferación de vivienda informal que es fuente de tanta inseguridad familiar e inestabilidad social. Una manera de lograrlo es promoviendo el cumplimiento con el nuevo código de construcción que busca erradicar las vulnerabilidades comunitarias ante el impacto de fenómenos naturales y otros riesgos.

Se calcula que el 55% de las viviendas en la isla no ha cumplido con las disposiciones de los códigos de construcción de décadas pasadas, ni se rige por el estatuto vigente que data de 2018, atemperado a las duras lecciones del huracán María.

Este proceder, que arriesga viviendas y vidas, debe convocar al gobierno a tomar medidas que ayuden a formalizar toda actividad de edificación. Ingenieros y otros peritos del campo de la construcción le han puesto cifra a la magnitud del problema: anualmente se construyen alrededor de 7,000 las viviendas al margen de las normativas.

Facilitar los trámites de permisos necesarios para los proyectos de construcción es una tarea urgente que las agencias gubernamentales no deben seguir posponiendo. La lentitud burocrática desalienta el cumplimiento estatutario y empuja a la informalidad a las familias, en especial a las de menos recursos.

En tal sentido, adoptar un sistema ágil de evaluación, aprobación y emisión de permisos es un paso esencial para subsanar la deficiencia.

Al mismo tiempo, conviene que el gobierno intensifique la asistencia en la financiación de la construcción de viviendas a familias de ingresos bajos o moderados. La falta de recursos monetarios también contribuye al incumplimiento con el código de construcción.

Las referidas medidas deben complementarse con orientación precisa a la población. No es secreto que ciertos sectores desconocen la importancia del código y cómo cumplirlo, y que su aplicación suele ignorarse en todos los niveles sociales.

Reconocer el valor de construir de forma segura debe propiciar mejor calidad de vida. La vivienda formal también abre la puerta a ayudas gubernamentales para mitigar daños o reconstruir en caso de ciclones, sismos, fuegos, inundaciones u otras emergencias.

Ninguna familia necesitada debería quedar fuera de las asignaciones de fondos para garantizar techo seguro, como ocurrió con muchas reclamaciones de ayuda, por daños causados por el huracán María, que no prosperaron.

Después del ciclón y de las experiencias sísmicas de 2020, en muchos hogares construidos informalmente fueron evidentes las deficiencias de diseño, y las fallas en el anclaje de puertas, ventanas y techos, entre otros componentes clave para la estabilidad y seguridad del hogar.

Se ha confirmado que edificar con planos no certificados por ingenieros y arquitectos, utilizar obreros inexpertos y no contar con los permisos correspondientes ponen en peligro la vivienda. El riesgo incrementa en zonas inundables o propensas a deslizamientos.

A las referidas circunstancias de inseguridad se suman las ampliaciones de hogares, como pisos adicionales, que pudieran comprometer la estabilidad de la vivienda. Por ello, los ciudadanos no deben exponerse a riesgos, sino procurar regirse por el código de construcción.

El gobierno, la academia, el sector privado y las organizaciones comunitarias deben promover las ventajas de construir al amparo legal. Estudiar modelos exitosos de otras jurisdicciones será conveniente, al igual que la revisión progresiva del código vigente.

Cuando fue golpeada por el huracán María, la isla tenía un código de construcción que no se revisaba desde 2011. La lección ciclónica ha movido a llevar a cabo revisiones cada tres años, tarea en la que ya están inmersos expertos en coordinación con el gobierno.

A corto plazo, será crucial que el código vigente y su próxima actualización sean observados. Es una responsabilidad colectiva que abona a la seguridad de toda la sociedad.

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