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Los procesos de asistencia requieren el mayor rigor

En la implementación de los planes de reconstrucción tras los desastres ocasionados por los huracanes Irma y María, el manejo integrado de casos de damnificados con sensibilidad y apoyo sicosocial es un paso necesario que debe complementarse con recursos que permitan a las familias reparar las pérdidas, mediante procesos eficientes y transparentes.

Las familias afectadas por catástrofes como las que vivió Puerto Rico hace tres años no solo sufren la pérdida de bienes materiales. El trauma deja profundas marcas emocionales que muchas veces pasan desapercibidas en los laberintos de la burocracia. Uno de los resultados es la pérdida de confianza en las instituciones.

De ahí la importancia de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias revise los procesos de su Programa de Manejo de Casos de Desastres que, según una investigación periodística, se quedó corto en el cumplimiento de las metas de recuperación de más de 20,000 familias en Puerto Rico. La entidad otorgó más de $70 millones a nueve organizaciones sin fines de lucro, la mayoría proveniente de Estados Unidos, sin que se haya producido la claridad esperada sobre los procesos, logros y dificultades de su implementación.

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, publicada por El Nuevo Día, ofrece un asomo a algunas instancias que presentan oportunidades para reforzar las iniciativas dirigidas a atender de forma multidimensional a las víctimas de desastres.

Las entidades contratadas tenían la responsabilidad de ofrecer asistencia legal, sicológica o espiritual a los damnificados mientras les ayudaban a conseguir recursos para reconstruir sus viviendas. No obstante, de 24,648 casos reportados como cerrados en la isla bajo el mencionado programa, en 10,051 se cumplió con las metas establecidas en el plan de recuperación. Otros 10,200 cumplieron parcialmente al cierre del caso y 3,397 cerraron sin que se cumplieran las metas a cabalidad.

Entre los desfases detectados, los esfuerzos de acompañamiento y enlace que pudieron haber ofrecido empleados reclutados por las entidades beneficiadas carecían del componente material y monetario necesario para reconstruir las viviendas dañadas, puesto que esa parte dependía del aún lento desembolso de fondos destinados a la etapa de reconstrucción. Esa intervención directa con los damnificados debió aportar los recursos que les posibiliten su bienestar y un hogar seguro.

Por otro lado, conocedores o participantes del proyecto señalaron instancias en que el personal contratado no contaba con el peritaje necesario para ejercer sus funciones, a veces, por falta de rigor en los procesos de reclutamiento.

La investigación da cuenta de que ni las organizaciones ni el gobierno federal han provisto documentos relacionados con el programa, como auditorías o evaluaciones, que servirían para entender los desfases y proponer recomendaciones para que estas gestiones puedan ser más efectivas a futuro con coordinación y la implementación integrada de soluciones a los damnificados.

La rendición de cuentas no compete solo al gobierno de Puerto Rico. Las agencias federales y las entidades contratadas para ayudar a las víctimas deben explicar el incumplimiento de las metas.

Dicha información serviría, también, para integrar el saber y los recursos especializados de las organizaciones sin fines de lucro de Puerto Rico, que tienen contacto directo con las comunidades más vulnerables. Muchas de esas organizaciones se activaron tan pronto les fue posible para redirigir sus esfuerzos y personal, y establecer redes entre sí y con entidades de la diáspora puertorriqueña, para llevar ayudas a los sectores más impactados. Esa experiencia es valiosa en situaciones de desastre.

La respuesta de las agencias locales, federales y del tercer sector no debe añadir desconfianza al sufrimiento de los miles de familias afectadas por un desastre. Tampoco los empleados, públicos o de organizaciones no gubernamentales que cumplen con su deber, merecen que su credibilidad sea minada por disloques procesales. Es preciso que se revalúen los procesos, requisitos de selección y planes de trabajo de programas como el mencionado, que son necesarios para asistir en la pronta recuperación de la normalidad a quienes sufren los embates de un desastre.

 

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