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Los reos también merecen protección contra el virus

La mayoría de los casos surgió de un grupo de 54 confinados enviados desde Estados Unidos a Puerto Rico a mediados de este mes, sin que ninguna autoridad aquí lo solicitara, se le hubiera consultado o lo supiera, según ha denunciado el juez federal Gustavo Gelpí, quien ha exigido que se detenga el traslado de reos a la isla.

La comisionada residente, Jenniffer González pidió al secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, que ordene detener los traslados.

Urgimos a las autoridades estadounidenses y del MDC a tomar de manera urgente las medidas necesarias para evitar que el COVID-19 se siga propagando dentro de dicha institución. Esto pondría en riesgo, no solo a los reos, quienes tienen derecho al mismo cuidado y a atenciones sanitarias como toda otra persona, sino al personal correccional y civil que labora en la institución e interactúa con la libre comunidad en Puerto Rico.

De acuerdo con información oficial del Buró de Prisiones de Estados Unidos, en el MDC de Guaynabo hay actualmente 1,065 reos. Eso supondría que los doce contagiados son menos del 1% de los confinados, lo cual significa que no es una situación que, hasta este momento, se haya salido de control. No obstante, no es secreto que el COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa que puede multiplicarse exponencialmente en cuestión de días si no se le atiende de manera apropiada.

El llamado, reiteramos, no puede ser más enérgico: es preciso que atiendan esta situación antes que se salga de control.

En las cárceles estatales de Puerto Rico, donde conviven alrededor de 8,800 reos, solo se ha informado de un preso adulto y dos menores contagiados. Según información provista por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), los tres ya se recuperaron. Al surgir la pandemia, el DCR estableció un estricto protocolo que le ha permitido hasta este momento, según la información disponible, evitar que el COVID-19 se le convierta en un problema mayor.

Ese protocolo establece que solo se hacen admisiones al sistema correccional a través de la Institución 705, que ubica en Bayamón. A todo nuevo ingreso se le hace una prueba molecular y se le coloca en cuarentena durante los 14 días siguientes a su llegada, como recomienda la comunidad científica. Desde el surgimiento de la pandemia, el DCR ha hecho 595 pruebas moleculares.

Quince empleados de la agencia han dado positivo, de los cuales ocho ya están recuperados.

Las cárceles son un centro natural de aglomeraciones y, por lo tanto, lugares de alto riesgo de contagio con el COVID-19. Por años, las autoridades han librado cruentas batallas contra otras enfermedades infecciosas como la hepatitis. En el caso del COVID-19, las autoridades carcelarias, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, no pueden escatimar esfuerzos para evitar que la situación se les salga de control.

No es una situación que se deba tomar a la ligera. En las 110 cárceles federales de Estados Unidos, cerca de 7,000 reos se han contagiado con el nuevo virus, de los cuales 94 han fallecido, según una investigación de la organización sin fines de lucro The Marshall Project. Hasta el momento, en Puerto Rico se ha podido evitar una crisis de COVID-19 en las cárceles. Les toca a las autoridades de Puerto Rico y de Estados Unidos hacer lo necesario para que siga siendo así.