Mayores oportunidades para combatir la pobreza
Puerto Rico tiene que poner en vigor medidas eficaces que combatan la pobreza, para evitar que el potencial productivo de amplios sectores de la población quede limitado por la falta de oportunidades que abonen al desarrollo humano y económico.
Las alianzas que inviertan en la capacidad de nuestra gente, combatiendo la indigencia y la desigualdad, deben ser abrazadas por el gobierno, los sectores privados y las organizaciones comunitarias en la isla.
El Tercer Sector y componentes de la empresa privada han desarrollado proyectos de ayuda a familias pobres de la montaña y otras áreas marginadas. Sin embargo, distintas administraciones de gobierno no han podido diseñar, ni mucho menos ejecutar, una política pública de erradicación de los factores que alimentan la pobreza.
En la coyuntura reflexiva promovida por la Organización de las Naciones Unidas durante el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado recientemente, el repaso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos globalmente para la combatir ese mal social y económico es tarea imprescindible. Entre estas metas se destaca la visión de asumir la pobreza como un problema de derechos humanos relacionado a la falta de vivienda digna y de acceso a servicios básicos como la salud y la educación, entre otras limitaciones.
El problema de la pobreza se ha manifestado más claramente en Puerto Rico a raíz del azote del huracán María en 2017, y el retraso en la recuperación. Más de dos años después del ciclón, cerca de 30,000 familias permanecen en estructuras techadas con frágiles toldos plásticos.
El gobierno sigue pendiente de la liberación, por parte del gobierno de Estados Unidos, de $8,200 millones del Programa de Subvenciones para el Desarrollo de Comunidades afectadas por Desastres (CDBG-DR por sus siglas en inglés). Aunque esos fondos estimularían renglones económicos como la construcción, el retraso en el acceso a estos recursos debe mover a procurar otras alternativas para aumentar la actividad laboral que ayude a revertir pobreza.
La ONU destaca que la pobreza se manifiesta más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar medios de vida sostenibles. Se trata de un problema de derechos humanos con vertientes que incluyen la alimentación deficiente, y limitaciones educativas y de salud pública. A esos indicadores se suman la discriminación y exclusión social, como limitar la participación de sectores marginados en procesos para la toma de decisiones que los afectan.
En nuestra isla, el esfuerzo para erradicar la pobreza debe atender la falta de oportunidades para las familias con niños carentes de programas de educación temprana y adultos sin trabajo para el sustento de los menores. Por ello, la creación de empleos sostenibles tiene que primar entre nuestros objetivos de justicia social y crecimiento económico. A ese panorama de vulnerabilidad se suman los escollos para subvencionar programas de salud para distintas poblaciones necesitadas.
Por eso, de la mano de los esfuerzos gubernamentales para reestructurar la deuda gubernamental y lograr el regreso de la isla a los mercados de capital, es imperativo garantizar mayores oportunidades educativas y servicios de salud para las poblaciones marginadas.
Las carencias experimentadas tras la emergencia catastrófica de 2017 y la forzada renuncia del gobernante en agosto pasado, crean la base para el reclamo de una intervención multisectorial que obligue a la clase política a dejar de ignorar la pobreza y a los miles de puertorriqueños que la sufren día a día.
En el Puerto Rico resiliente proyectado con insistencia tras los golpes huracanados, las guías sobre desarrollo sostenible provistas por la ONU cobran importancia singular. Los líderes del país deben acatarlas para encaminar una política pública abarcadora que combata la pobreza. Así podremos avanzar en la edificación de un país menos vulnerable, y con mayores oportunidades y menos desigualdades.
