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Mensaje de incertidumbre sobre el presente y el futuro

Puerto Rico enfrenta, desde hace más de diez años, una crisis fiscal y económica agravada por los efectos de los desastres atmosféricos y la amenaza de la pandemia del COVID-19. Esos desafíos, marcados por un severo endeudamiento, requieren del Ejecutivo la definición clara de las guías programáticas y presupuestarias que abonen a la solución de los serios problemas inmediatos y de cara al futuro.

En esos objetivos deben centrarse los mensajes de Estado de Situación y de Presupuesto que se presenten ante la legislatura para beneficio del pueblo, en observación de la Constitución. Lamentablemente, el enfoque de país estuvo marcadamente ausente en el evento del jueves en la noche en el Centro de Bellas Artes, en Santurce, desde donde la gobernadora Wanda Vázquez se dirigió a una legislatura dividida, y a su público invitado.

El pronunciamiento de Vázquez careció de detalles presupuestarios, de políticas públicas definidas y de una visión de desarrollo articulada y coherente. Además, quedaron fuera del mensaje los retos presentes asociados a la pandemia y cómo se resolverán los problemas sistémicos evidenciados por los desastres de huracanes y terremotos.

Pasado el discurso, el país desconoce cuál será, de inmediato, el plan para robustecer el sistema sanitario con métodos y herramientas confiables que permitan dibujar con claridad el mapa del COVID-19 en la isla, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre un aceleramiento peligroso de la pandemia, que crece en contagios en Estados Unidos.

Vázquez tampoco habló de su visión educativa para, por ejemplo, poner al día a los estudiantes pasados de grado sin que necesariamente hayan aprendido las destrezas requeridas. Queda también como interrogante cómo los fondos federales asignados a la recuperación de Puerto Rico de las emergencias serán invertidos para crear los motores que impulsen el desarrollo económico cuando esas partidas se agoten.

Faltó claridad en las cifras, pese a que sobraron las promesas de repartición del dinero público entre poblaciones particulares sin la certeza de que el presupuesto prevalezca según presentado. Destacó que la gobernadora se distanciara de la Junta de Supervisión Fiscal, lo que denota un retroceso en las relaciones de colaboración iniciadas cuando Vázquez asumió la gobernación por sucesión constitucional. Dicho giro resulta desproporcional si se considera que la diferencia entre los presupuestos de la Junta y del gobierno no alcanza los $200 millones.

Muy cerca de donde la gobernadora ofrecía un mensaje más propio de campaña electoral que de una ceremonia de estado, ciudadanos que aún pernoctaban en espera de diligencia para recibir la compensación por desempleo quedaron sin respuestas. Padres y estudiantes del sistema público han vuelto a escuchar que recibirán computadoras para el regreso escolar, pero nada sobre la seguridad de los planteles ni las medidas para evitar contagios con el coronavirus. Tampoco, sobre cómo superarán los rezagos acumulados en estos tres años.

Los vecinos del suroeste siguen sin información sobre los planes de seguridad y la asistencia ante la actividad sísmica. Miles de familias que viven aún bajo toldos comparten incertidumbre con quienes siguen en condiciones vulnerables en esta nueva temporada de huracanes. Los pequeños y medianos comerciantes desconocen qué estrategias les permitirán superar las pérdidas económicas consecutivas.

Las respuestas a estos y otros problemas no pueden quedarse en parches que no resuelven. Por el contrario, deben constituir la plataforma sobre la que se concrete una visión de país emprendedor, innovador y productivo, capaz de resistir y levantarse, a nivel social y económico, de embates similares a los vividos. De ahí la importancia de que, a menos de dos semanas de que termine la sesión, el presupuesto ante la consideración de la Asamblea Legislativa supere la tendencia a la imprecisión y la avidez electoral.

Puerto Rico puede trascender el estado paternalista que tiene como estrategia la entrega de los bienes públicos en espera del favor político. Corresponde al gobierno definir sus prioridades y garantizar que es capaz de invertir con responsabilidad las contribuciones de los trabajadores, para encaminar una recuperación que no resiste más posposición.