De nuevo, y con más razón en la cercanía de un nuevo cuatrienio, los comerciantes y líderes del sector empresarial han pedido un compromiso firme a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, para que se derogue el impuesto al inventario que, además de injusto, es peligroso en tiempos de crisis.

Lo hemos constatado en estos meses en que la pandemia ha ralentizado la disponibilidad de algunas mercancías, en parte porque no todos los comercios cuentan con un amplio inventario para enfrentar una emergencia.

La clase política debería tener bien presente las experiencias vividas tras el huracán María, especialmente la Asamblea Legislativa y los alcaldes, que rechazan la posibilidad de eliminar el abusivo impuesto. Ese lastre de gravar lo que se acumula de forma preventiva afecta tanto a los comerciantes como a los ciudadanos, que son los que sufren en carne propia las escaseces.

No hace falta recordar que en la isla importamos más del 85 por ciento de lo que consumimos. El atraso en los puertos de los Estados Unidos o la interrupción de la actividad en países desde donde recibimos infinidad de productos —como de China— trastocan la cadena de distribución y provocan que las góndolas de los supermercados y los anaqueles de las farmacias se vayan vaciando. No es una situación hipotética: es algo que ya hemos vivido en emergencias, incluso con motivo de algún naufragio, como trágicamente ocurrió con el hundimiento del carguero “El Faro”, en octubre de 2015.

Los comerciantes son penalizados si acopian mercancía en los almacenes. Evitan pagar altas sumas en impuestos manteniendo los inventarios bajitos, lo que puede implicar una limitación en tiempos inseguros como los que vivimos.

En una isla sobre la que recae la continua amenaza de terremotos o ciclones no debería haber el menor obstáculo para que los almacenes, de forma preventiva, rebosen de artículos de primera necesidad. Ese es el deseo de los comerciantes: no vivir en constante zozobra por los embarques y tener provisiones suficientes para dos o tres meses.

Se calcula que en las actuales circunstancias solo hay dos o tres semanas de inventario, que no son nada para satisfacer las necesidades de una población que, además de los alimentos y las medicinas, necesita artículos de higiene y limpieza. Ni los ciudadanos ni las agencias del gobierno deben verse privados de todo aquello que facilite su movilidad y seguridad en tiempos de crisis. Si faltan los productos para reparar o mover vehículos, también se recrudece el desastre en un país paralizado por la falta de ayuda y servicios.

Es imposible reconstruir la base económica de Puerto Rico sin que se eliminen los anacrónicos lastres al desarrollo, como por ejemplo las leyes de cabotaje, algo que está en las manos del Congreso.

Pero lo que sí puede hacerse aquí es eliminar el impuesto al inventario, un tema sobre el cual el país está de acuerdo, exceptuando a políticos que solo piensan en la manera de mantener intactas las operaciones municipales. De esa forma afectan a aquellos sectores que son claves en la reconstrucción de la economía. Las deficiencias presupuestarias de los gobiernos municipales deben resolverse con mecanismos que no estrangulen la economía del país ni el bolsillo del consumidor.

Tienen razón la Cámara de Comercio, la Asociación de Comercio al Detal, y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, entre otras organizaciones, en exigir a los candidatos una postura firme respecto al futuro del impuesto al inventario. Los que no lo han hecho, deben comprometerse, sin posibilidad de excusas o posposiciones, y actuar tan pronto el vencedor asuma el poder.

Puerto Rico merece contar con una buena alacena y un robusto inventario de seguridad en muchos renglones, y eso se logra eliminando el impuesto al inventario.