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Necesario un frente común ante la delincuencia digital

Las condiciones desafortunadas que viven miles de personas en Puerto Rico, debido a los diversos impactos de la pandemia del COVID-19, son terreno fértil para los esquemas de fraude de delincuentes cibernéticos cuyos blancos principales son personas desempleadas o adultos mayores que buscan ayudas económicas gubernamentales.

El riesgo de la explotación de la desgracia de las personas empobrecidas obliga a intensificar las medidas que eviten que ciudadanos con necesidades esenciales de sustento y seguridad sufran daños mayores producto del robo de identidad y el robo de los dineros de ayuda pública.

Entre las prácticas de timos u otros delitos que han incrementado figuran actos de “phishing” o “smishing” -que se refieren a la transmisión de llamadas o textos- para solicitar información personal y pagos a cambio de procesar solicitudes de ayuda de los gobiernos federal y estatal, ha advertido la Asociación de Bancos. La situación ha propiciado que el gobierno reitere que para reclamar asistencias de mitigación, las personas o empresas tienen que utilizar únicamente las plataformas digitales oficiales del gobierno. No compartir contraseñas personales y no delegar en terceros esos trámites son protecciones cruciales.

La reclamación de donativos para presuntamente ayudar a entidades benéficas, pero que resultan dirigidas a organizaciones ilegítimas, es otra modalidad de fraude digital. Otras personas inescrupulosas asumen la falsa identidad de galenos o profesionales de la salud con el objetivo de lograr desembolsos para pagar tratamientos a terceros o para la venta de tratamientos fatulos contra el COVID-19.

Las circunstancias que obligan al distanciamiento social como protección principal contra el COVID-19 aumentan el tiempo de interacción en el mundo virtual, como parte de jornadas laborales o al realizar trámites personales esenciales o de ocio. Por ello, el gobierno, las empresas y los ciudadanos tienen que evitar circunstancias que los conviertan en blanco fácil de la ciberdelincuencia. La adopción de protocolos operacionales más estrictos y el reentrenamiento del personal para evitar la activación de programas maliciosos o la entrada de algún virus pernicioso en las estructuras digitales serán sumamente convenientes.

En Puerto Rico, agencias del gobierno y empresas privadas ya han recibido ataques dañinos a los sistemas de información con pretensiones tales como el robo de archivos confidenciales o la alteración de datos. Las respuestas proactivas de seguridad cibernética han impedido impactos nocivos extremos. Pero en otras situaciones se ha perdido información valiosa, lo que que paraliza o entorpece operaciones.

En 2016, el programa de Colecturía Virtual del Departamento de Hacienda fue blanco de un ataque cibernético, aunque el gobierno indicó que la integridad de los datos no se afectó. Ofensivas similares se registraron en 2018 en la Autoridad de Energía Eléctrica y otras agencias emplazadas a reforzar sus sistemas electrónicos. Hacienda, por ejemplo, recién completó la modernización de Sistema Unificado de Rentas Internas, que asegura opera con mayores protecciones antifraude. Sin embargo, el mejoramiento sustancial de toda la infraestructura cibernética estatal es asignatura pendiente.

En el caso de los ciudadanos, ha sido lamentable que algunos hayan perdido capital o la posibilidad de recibir de inmediato ayudas estatales y federales, como el Seguro Social, así como servicios de banca, comercio u otros, a causa del robo de identidad u otros ataques de interacción criminal a distancia.

Expertos de seguridad privada y gubernamental advierten sobre nuevas ofensivas amparadas en la inteligencia artificial. Será preciso que las autoridades se mantengan vigilantes y confronten las tendencias delictivas para neutralizarlas a tiempo. Un ataque cibernético agresivo tiene el potencial de bloquear o robar archivos con millones de datos.

Corresponde a los ciudadanos evitar compartir contraseñas personales y brindar información personal ante peticiones dudosas por teléfono o internet, y aumentar los controles para acceder a sus cuentas. Mientras, las empresas y el gobierno están llamados a robustecer la infraestructura de seguridad de los sistemas de información ante el acecho agresivo de la ciberdelincuencia.