El consumo de tabaco en Puerto Rico sigue siendo una preocupación de salud pública, pese a que las cifras muestran un descenso notable en adultos respecto a décadas anteriores. Sin embargo, no ocurre lo mismo entre la población joven, que registra un alza particularmente inquietante de cigarrillos electrónicos.

Un artículo de El Nuevo Día publicado el pasado jueves destaca que el 19.6% de los adolescentes utilizó vaporizadores o cigarrillos electrónicos, con mayor uso en féminas (22.9%) que varones (16.7%). La Consulta Juvenil XII 2022-2024 que recopiló las estadísticas, incluyó, por primera vez, alumnos de sexto grado. Entre las sustancias más utilizadas en este grado se identificaron los vaporizadores con un 4.6%, con mayor uso en niñas (5.1%) que en niños (4.2%).

Aunque todavía a muchas personas el “vaping” y sus dispositivos le parecen inocuos, constituyen la puerta de entrada a la adicción a la nicotina. Ya se confirma el consumo creciente entre jóvenes y es notable el mercadeo agresivo del producto, principalmente en medios digitales.

Esta semana se cumplieron dos décadas de la aprobación en Puerto Rico del vanguardista estatuto que prohibe fumar en espacios laborales. La Ley 66 de 2006, sumada a otras medidas, se vincula hoy a una merma sostenida en el porcentaje de adultos fumadores: de 12.2% en 2007, año de implantación de la Ley 6-2006, a 8.5%, en 2024.

El Departamento de Salud estima que el 8.5 % de los adultos en la isla fuma. La cifra es una baja marcada, al contrastar periodos previos. Pero es preocupante que el 76.9 % ha intentado, sin éxito, dejar el hábito. En tal sentido, ha sido atinado reactivar la Línea de Cesación de Fumar, herramienta gubernamental gratuita de orientación profesional, apoyo psicológico y terapias de reemplazo de nicotina.

Los fumadores deben pagar un alto precio vía impuestos agresivos y someterse a las estrictas limitaciones para el consumo. La Ley 40 de 1993 y la Ley 66 de 2006 marcaron cambios culturales importantes. Sin embargo, el vapeo se cuela por los entresijos de una actitud laxa que facilita el acceso al tabaco de menores y abre la puerta al tormento de contraer cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

El vaping ha obligado a muchos gobiernos a implementar nuevas restricciones y a cerrar ese primer escalón hacia la adicción a la nicotina. En varios estados de EE. UU. —como Nueva York y California— y en algunos países europeos, se han eliminado los sabores dulces y frutales de los e-cigarrillos porque atraen especialmente a los adolescentes. Esto no solo frena la entrada de nuevos usuarios, sino que también reduce la retención de consumidores jóvenes. En el caso local, sería conveniente prohibir sabores no medicinales en productos de vapeo y exigir un etiquetado que exponga claramente las consecuencias del tabaquismo, tal como se exige para los cigarrillos tradicionales.

En fumadores tradicionales, el alto precio de un paquete de cigarrillos parece no amilanarlos. Por eso, Australia, Reino Unido y Canadá han aplicado nuevos impuestos altos y recurrentes que incluyen los vaporizadores y líquidos con nicotina. Esta barrera podría replicarse aquí para generar recaudos destinados a financiar programas de prevención.

Otras medidas aparecen en países nórdicos como Suecia y Finlandia, que han utilizado inteligentemente las plataformas digitales, invirtiendo en campañas multimedia que muestran el impacto real del tabaco y del vapeo en jóvenes, con testimonios reales y una fuerte presencia en redes sociales. Aquí se podría intentar, con las mismas herramientas y el mismo lenguaje digital, crear campañas diseñadas con jóvenes y para jóvenes, incluyendo influencers que compartan historias reales de superación.

Sería acertado, además, que las autoridades educativas consideraran experiencias como las de Nueva Zelanda y Gran Bretaña, donde la educación antitabaco está integrada en el currículo escolar desde edades tempranas.

La evidencia internacional muestra que no basta con advertir. Hay que pasar a la acción mediante una estrategia que combine impuestos, educación, regulación y apoyo clínico. Puerto Rico tiene la oportunidad de adaptar soluciones que ya han demostrado ser efectivas, reduciendo el consumo entre jóvenes y adultos y construyendo una política de salud pública contra el tabaquismo moderna y eficaz.