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Oportunidades de desarrollo con los fondos para viviendas

La distribución de más de $1,000 millones, por parte del Departamento de la Vivienda, para la reparación o reconstrucción de hogares dañados por el huracán María debe abrir la puerta a que se haga justicia a miles de familias damnificadas, sumando un potencial de impacto inmenso sobre la economía de Puerto Rico.

La partida distribuida de una asignación de $3,219 millones provenientes del programa federal de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), asignados al programa R3, está dirigida a reparar o reconstruir alrededor de 20,000 residencias afectadas por los eventos de 2017. La meta es impactar al menos 3,000 unidades para fines de este año.

Con la flexibilización del acceso a los fondos dispuesta por la administración del presidente Joe Biden, lo correcto es diligenciar la distribución del dinero mediante contratos que logren la misión de proveerles techo seguro y calidad de vida a miles de familias. Precisamente, esta semana estará en la isla la subsecretaria de Vivienda federal, Adrianne Todman, para dar seguimiento a las obras encaminadas con los primeros fondos repartidos.

El camino a la recuperación presenta importantes desafíos al gobierno de Puerto Rico que le sirven como oportunidad para demostrar al gobierno federal, a los ciudadanos, a la clase empresarial local y a los mercados de inversión que nuestro país ha aprendido con creces de las lecciones pasadas.

A nivel administrativo, el gobierno tiene la responsabilidad de proveer la mayor transparencia a los procesos de licitación, contratación y seguimientos. Ha sido reconocido, incluso por organizaciones del tercer sector, que el Departamento de Vivienda ha construido el mejor portal digital del gobierno de Puerto Rico para visibilizar trámites relacionados con los fondos CDBG-DR. Mas quedan oportunidades para robustecerlo y actualizarlo para facilitar la fiscalización, tanto del gobierno, como de los ciudadanos y el sector privado.

Se han identificado espacios de mejora por parte del sector ciudadano que corresponde al gobierno evaluar con miras de crecimiento. Ese saber de organizaciones que representan al sector ciudadano puede fortalecer los mecanismos de supervisión y la propia gobernanza de un proceso trascendental para el país.

También, es imperativo demostrar al gobierno federal que los fondos se administran y supervisan con rigor y pureza para garantizar su uso adecuado. Sobre todo, deben traducirse en obras de calidad; en hogares que provean a las familias damnificadas alivio real al desamparo de los pasados cuatro años.

Con más de $20,000 millones que el gobierno espera recibir solamente del programa CDBG-DR - más otros $45,000 millones de FEMA - y cerca del 85% de las viviendas afectadas aún por atender, el sector privado, profesionales y la fuerza trabajadora tienen un escenario único para insertarse en la plataforma de negocios y empleos que representa la reconstrucción.

Para ello, es preciso desarrollar las capacidades que conlleva manejar contratos de escala millonaria dentro del propio gobierno, así como a nivel de los sectores empresarial y sin fines de lucro. El objetivo debe ser maximizar las oportunidades de contratación local y procurar que el dinero se reproduzca en la economía isleña. Además, generar nuevas competencias permitiría a una nueva fuerza de profesionales y empresarios locales exportar servicios especializados.

El Municipio de Jayuya ha encaminado iniciativas para crear proyectos con su personal con partidas provistas por FEMA. Asimismo, hay oportunidades para desarrollar nuevas capacidades que ayuden a empresas locales o capitaneadas por mujeres a beneficiarse de disposiciones federales que les facilitarían un porcentaje de los contratos que otorga Vivienda federal. Las organizaciones sin fines de lucro pueden brindar asesoramiento y acompañamiento a esos sectores.

Puerto Rico debe aprovechar esta experiencia para desarrollar, en el gobierno y las empresas, y entre los profesionales y la fuerza trabajadora, las destrezas para administrar y contratar proyectos de gran envergadura asociados a la recuperación de eventuales desastres. Además de viviendas e infraestructura más robustas, la asignación histórica de fondos federales para la reconstrucción debe dar paso a la creación de empleos y empresas locales que añadan valor al ecosistema económico y social de la isla.

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