La legislatura está dando paso a la ley habilitadora del pago a los acreedores del gobierno central, un requisito para que Puerto Rico pueda cumplir con el Plan de Ajuste de la Deuda. Pero, el liderato legislativo se muestra renuente a desprenderse de los estilos electoreros que tanto han contribuido al desangre de las arcas públicas, con la movida de la Cámara de Representantes para separar una partida de $50 millones para que los legisladores la repartan a la usanza de los barriles de tocino.