En la carrera contra el COVID-19, que cada día cobra decenas de vidas en Estados Unidos y Puerto Rico, las nuevas medidas tomadas por el presidente Joe Biden para proteger a la población de más contagios y muertes son oportunas y necesarias.

El presidente ha ordenado la vacunación compulsoria de empleados y contratistas del gobierno federal. Y, ante la magnitud de la emergencia de salud pública, ha ido más lejos al sumar al sector privado en los esfuerzos de vacunación. Biden ha dispuesto que, a través de regulación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, toda empresa con una nómina de más de 100 personas exija a sus empleados que se vacunen o presenten una prueba diagnóstica negativa semanal. Esta medida tiene el potencial de impactar a cerca de 80 millones de personas.

El gobernador Pedro Pierluisi evalúa la aplicabilidad de las iniciativas federales en Puerto Rico. El mandatario ha expresado su interés en asegurar que se salvaguarde como excepción el derecho de quienes no pueden vacunarse por una condición médica certificada.

El sector privado local, que ha sido proactivo en procurar la vacunación de la mayoría de sus empleados, ha dado buena acogida a la iniciativa presidencial. Llegado el momento, la puesta en vigor de las medidas federales y locales requerirá coordinación y colaboración de todos los sectores y componentes implicados.

Mientras los gobiernos federal y local hacen su parte, corresponde a los ciudadanos y los sectores privados colaborar para que la nueva estrategia federal cumpla su cometido: proteger precisamente a la población que hasta ahora se ha resistido a vacunarse y a la que no podrá inocularse por razones de salud o edad.

Quienes no están vacunados están indefensos ante un virus que ha cobrado más de 4,600,000 vidas alrededor del mundo, y cuya variante delta ha probado ser más contagiosa y de mayor potencial letal.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron el viernes que los estadounidenses sin vacunar están once veces en mayor riesgo de morir por COVID-19 que las personas inoculadas. Reportaron nuevos estudios que reiteran la eficacia de la vacuna para prevenir infecciones, hospitalizaciones y muertes, aun cuando la variante delta es ahora la forma dominante de contagio.

Con cerca del 63% de la población apta para inocularse completamente vacunada, Estados Unidos encabeza la lista de países con más muertes por el virus: 655,512. Más de 40 millones de estadounidenses han contraído la enfermedad, que para muchos ha tenido serios efectos de salud a largo plazo.

En Puerto Rico, hasta el jueves, el 73.5% de las personas mayores de 12 años - aptas para recibir la inoculación - tenía sus dos dosis completadas. Pero muchos siguen expuestos a la desinformación y confusión que les mantiene vulnerables al virus.

La vacunación beneficia a la salud pública y la economía. Mientras más alta la tasa, menor la necesidad de restringir las actividades productivas y sociales. Los cierres, incluso los parciales, han costado miles de empleos y sumas millonarias. La inoculación evita la saturación en los hospitales, cuyo personal exhausto no da abasto para atender los contagios de COVID-19 y otras emergencias.

Por otro lado, el dramático panorama del virus en Estados Unidos tiene implicaciones más allá de sus fronteras. Francia anunció el viernes que a partir de hoy domingo cerrará el paso a los viajeros estadounidenses que carezcan de la dosis completa de vacunas. Desde el pasado 30 de agosto, el Consejo de la Unión Europea sacó a Estados Unidos de la lista de países seguros, debido a la actividad pandémica.

Si aspiramos a alcanzar un estado de normalidad seguro para los menores de 12 años y las personas con el sistema inmunológico comprometido, es preciso que los demás nos vacunemos.

Mientras parte de la población escape a su responsabilidad ciudadana, corresponderá al Estado tomar las medidas razonables que aseguren la salud pública, salven vidas y reivindiquen a los ciudadanos que cumplen con su deber.