La Asamblea Legislativa tiene bajo evaluación un proyecto para regular y tratar de ponerle control a la proliferación de tratamientos estéticos e intravenosos en centros con poca, o ninguna, regulación. Cualquier paseo por redes sociales o incluso medios de comunicación tradicionales da testimonio de la magnitud de este problema y de la urgencia de atenderlo.

Múltiples anuncios ofrecen tratamientos estéticos o terapias intravenosas muy delicados que se llevan a cabo por personal cuya preparación, en este momento, no está certificada por ninguna autoridad oficial.

El proyecto para atender este problema, de la autoría del senador Juan Oscar Morales, tiene sus desafíos, a los que aquí aludiremos. Pero, en términos generales, los aspectos positivos superan abrumadoramente a los negativos. Se trata, a fin de cuentas, de imponer reglas, supervisión y regulación a establecimientos que llevan a cabo tratamientos con el potencial de arriesgar nada más y nada menos que la vida humana misma.

El proyecto facultaría al Departamento de Salud a licenciar y regular procedimientos estéticos no invasivos o mínimamente invasivos, como pueden ser inyecciones de toxina botulínica (bótox), rellenos dérmicos, tratamientos láser y otros servicios cosméticos. Obligaría a los centros que ofrecen estos procedimientos a tener médicos que supervisen los tratamientos, a reportar resultados adversos, de manera que el gobierno tenga una idea de la frecuencia de estos problemas, y a sacar una licencia renovable cada dos años.

En el caso de los centros de sueroterapias, que han alcanzado una popularidad y se les ve hasta en centros comerciales, los obligaría a contar con área de preparación estéril y control de infecciones, a utilizar solo productos regulados cuyo tracto se pueda certificar y a llevar un registro de los tratamientos.

No hay poco en juego en este asunto. No ha ocurrido aquí, pero el país recuerda, con pena, más de un caso de personas que, buscando en el extranjero economías en tratamientos estéticos, encontraron la muerte. Aquí, abundan los testimonios de personas que vivieron historias de horror tras recibir tratamientos estéticos en lugares a los que, por no estar regulados, no hay reclamo que pueda hacérsele.

Hace unos días, una mujer relató a la Comisión de Salud del Senado que fue a un salón de belleza a someterse a un tratamiento inyectable para aumentar el volumen de sus labios, por $250, tras ver la oferta en una red social. Cuando el tratamiento degeneró en una infección que le tomó semanas superar, en el salón de belleza no había siquiera registro de la sustancia que le habían inyectado.

Es importante atender el señalamiento hecho esta semana por el Departamento de Salud sobre una revisión rigurosa de lo propuesto, por entender que la medida, según redactada, podría generar duplicidad y normas fragmentadas. La agencia sugirió que se considere la adopción de enmiendas a estatutos existentes y estipular la jurisdicción de Salud para intervenir con la operación de comercios cuyas operaciones o servicios se consideren violatorios del ordenamiento legal vigente.

El proyecto impone la supervisión y el licenciamiento de estos centros al Departamento de Salud, cuyo problema de recursos, al igual que en el resto del gobierno, es muy conocido. La medida tampoco parece tomar en cuenta la escasez de médicos en la isla, ni establece qué costo tendrá la puesta en marcha de las nuevas regulaciones, algo que nunca se debe soslayar.

Esas son deficiencias importantes de las que confiamos que se resuelvan en el proceso legislativo. El fin de la medida, no obstante, lo aplaudimos sin reservas. Ningún procedimiento que implique alteraciones, de cualquier grado, en el cuerpo humano, con la plétora de riesgos que ello entraña, puede ser dejado, ni por la libre, ni en manos de personas con “certificados” cuyo valor es difícil aquilatar.

La salud humana debe atenderse siempre con la mayor rigurosidad.