La acreditación del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) por parte de la División de Investigación Médico Legal y Toxicológica de la National Association of Medical Examiners (NAME, por sus siglas en inglés) valida las medidas administrativas tomadas hasta el presente, marca importantes desafíos que quedan por atender y provee lecciones para otras entidades estatales sujetas a acreditaciones de organismos especializados en procurar las mejores prácticas en operaciones médicas y de otros campos profesionales.

La directora ejecutiva del ICF, María Conte Miller, ha informado que la acreditación tomó en cuenta el plan correctivo sometido a la entidad, así como el cumplimiento con el reporte de autopsias en 90 días, la entrega de cuerpos en menos de 72 horas y el propuesto aumento salarial para los empleados de la agencia. Las dilaciones sistemáticas en la División de Patología propiciaron que por varios años la referida entidad acreditadora y promotora de rigurosos estándares de calidad mantuviera en probatoria al ICF.

Estos logros vuelven a poner al Instituto de Ciencias Forenses en la dirección de alcanzar el alto nivel que había logrado como institución de vanguardia reconocida por décadas en el exterior desde su creación en 1985.

No obstante, es imperativo responder a los desafíos que aún enfrenta el Instituto en materia presupuestaria. En la búsqueda por hacer más competitivas las condiciones salariales de los expertos forenses es necesario formar y procurar retener a profesionales de alto calibre, capaces de servir a una entidad crítica para los sistemas de seguridad, justicia y salud pública de Puerto Rico.

Es insostenible que una agencia de la que depende en buena medida el esclarecimiento de crímenes haya perdido en dos años 40 peritos atraídos por ofertas que a veces triplican lo que reciben aquí. Al momento, según la doctora Conte Miller, la agencia requiere de al menos 14 o 15 patólogos, pero solo tiene 10.

Consciente de los riesgos que esta situación implica, el gobernador Pedro Pierluisi ha confirmado que entre las razones que mediaron para el otorgamiento de la acreditación por parte de NAME estuvo el compromiso de aumentar el sueldo a los empleados del ICF con $2.7 millones presupuestados para el próximo año fiscal y $1.1 millones para reclutar personal. La Junta de Supervisión Fiscal aprobó $1 millón para dichos aumentos y el gobierno insistirá en mostrarle al organismo federal la importancia de cumplir con dicho acuerdo para mantener plenamente funcional al ICF. Además, está en juego la credibilidad de la institución y, en última instancia, del gobierno de Puerto Rico, ante el ente acreditador.

Es significativo que el Instituto ha hecho su parte para superar los escollos que llevaron a un periodo que jamás debería repetirse en Puerto Rico, cuando familias tenían que esperar por semanas para recibir los cuerpos de sus seres queridos mientras en las instalaciones de la entidad se hacinaban cadáveres en espera de autopsias. Además, llegaron a acumularse más de 76,000 piezas de evidencias sin procesar, incluyendo armas de fuego ocupadas por las divisiones de investigaciones criminales de la Policía, así como pruebas de ADN y serología -miles relacionadas con casos de agresiones sexuales. Dichos retrasos han abonado al clima de impunidad que Puerto Rico necesita dejar atrás.

Hoy, por el contrario, el Instituto se presenta como ejemplo que deberían seguir otras agencias sujetas a estrictas regulaciones como son programas académicos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Estas entidades deberían prestar atención para replicar la acción gerencial y el rigor administrativo que ha mostrado el ICF para ser responsivos a planes correctivos de entidades acreditadoras.

La disciplina y competitividad operacional que le ha valido la acreditación por cinco años al ICF habría podido evitar la pérdida de acreditación, por ejemplo, de un programa tan crítico como el de Neurocirugía que provocó que la isla quede sin neurólogos residentes por varios años.

La experiencia refleja que el empeño firme para cumplir con estándares rigurosos de calidad en operaciones médicas y profesionales del gobierno de Puerto Rico será esencial para recobrar eficiencia y credibilidad en servicios fundamentales para el bienestar del país.