Paso trascendental para la modernización energética
A sus 79 años como corporación pública, la Autoridad de Energía Eléctrica ha colocado en manos de un operador privado el manejo de la distribución y transmisión de energía eléctrica, un paso trascendental en el objetivo de modernizar y transformar el sistema del que dependerá el desarrollo económico de Puerto Rico.
El acuerdo entre la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y el consorcio estadounidense canadiense Luma Energy se suma a las tendencias prevalecientes en países que procuran eficiencia energética mediante la participación del sector privado.
La contratación debe estar predicada en lograr cambios operacionales y administrativos que permitan una revitalización sostenida de la AEE. Esta tarea requiere procesos transparentes y de rendición de cuentas.
Esta etapa inicia un proceso amplio que aspira a dejar atrás el modelo de monopolio burocrático que hoy poco sirve a los abonados. La ruta contempla sumar paulatinamente generadores privados de energía, con énfasis en las fuentes limpias y renovables, a la luz del plan energético para la isla.
Un aspecto medular que requiere solución definitiva es la deuda de la Autoridad, la cual está bajo la consideración del Título III del Tribunal establecido bajo la Ley federal Promesa.
Los cambios propuestos deben crear un sistema fortalecido, menos susceptible al impacto de fenómenos atmosféricos y otras emergencias, a la vez que se alcanza mejor calidad de servicio para los 1.5 millones de abonados residenciales, comerciales e industriales. Establecer un clima de negocios atractivo para la inversión en Puerto Rico es prioridad.
Convertida en 1941 en la Autoridad de las Fuentes Fluviales, el sistema energético público fue clave para el avance de la industrialización y el desarrollo económico de Puerto Rico. A mediados del siglo pasado, la corporación estableció centrales de generación en zonas estratégicas y desarrolló una amplia red de líneas que distribuyeron electricidad por la isla, incluyendo zonas de topografía escarpada.
Sin embargo, con el severo impacto del huracán María, en septiembre de 2017, el colapso total del sistema energético reflejó de forma dramática la fragilidad de la infraestructura de generación y transmisión en toda la isla.
Debido a deficiencias en el mantenimiento, entre otras fallas, la falta de energía impactó instalaciones críticas como los hospitales. La situación impidió salvar la vida de personas con condiciones graves. La recuperación parcial del sistema demoró meses, mientras gran parte de la población sufrió carencias que minaron su calidad de vida.
A pesar de reparaciones y operaciones de mitigación, el sistema se mantiene inestable. En enero pasado, un fuerte terremoto impactó la Central Costa Sur, que permanece inoperante. Los apagones y la intermitencia energética paralizan total o parcialmente, con frecuencia inusitada, las actividades de comercios e industrias.
La situación también afecta aclientes residenciales, especialmente a quienes dependen de ventiladores para la estabilidad de pacientes encamados. Todas esas situaciones obligan a la modernización impostergable del sistema energético.
La Autoridad para las Alianzas Público Privadas informó que, mediante un proceso de licitación que duró 18 meses, al consorcio Luma Energy se le ha encomendado operar y mantener el sistema de distribución y transmisión energética por 15 años. La transacción supone una inversión de $1,500 millones.
El consorcio, entre otras encomiendas, tendrá la responsabilidad de transferir a uno o varios operadores privados los activos de generación energética mediante parámetros que promuevan costo-eficiencia y seguridad.
El trámite es el resultado de una gestión de consenso entre el gobierno local y la Junta de Supervisión Fiscal, y tiene el respaldo del Negociado de Energía de Puerto Rico.
Revitalizar el sistema eléctrico conlleva incorporar paulatinamente fuentes de energía limpia, con el apoyo de una infraestructura y operación robustas que provean un servicio de calidad a los distintos abonados. Ello es requisito ineludible para el desarrollo económico de Puerto Rico.
