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Prioridad a la fiscalización de las aseguradoras

Tras las experiencias catastróficas experimentadas en Puerto Rico a partir de 2017, debido al impacto ciclónico y de los sismos en la región suroeste, los planes para el mejoramiento de la Oficina del Comisionado de Seguros se posicionan en terreno fértil para promover respuestas más acertadas, por parte de las empresas aseguradoras, ante emergencias futuras.

De entrada, el reconocimiento de las deficiencias de la OCS durante el pasado cuatrienio es un paso necesario para encaminar medidas que refuercen la fiscalización de las aseguradoras, una de las misiones principales de la dependencia estatal.

Las proyecciones anunciadas por el designado comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu, que incluyen reforzar la plantilla con más recursos especializados como actuarios, oficiales examinadores y analistas financieros, deben redundar en mayor agilidad operacional. El objetivo debe ser el desempeño cabal de las aseguradoras, y brindar real protección a los ciudadanos y las empresas con respecto a sus propiedades.

Tras el paso del huracán María por Puerto Rico, la insolvencia y liquidación de dos empresas de seguros generó serias complicaciones a alrededor de 16,000 asegurados que presentaron reclamaciones por daños. Parte de esos casos se dilucidan todavía ante la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, lo que es una señal de ineficiencia del sector.

Además, disputas por las cantidades ofrecidas para reparar daños a muchos asegurados propiciaron pleitos judiciales que todavía no se han resuelto. Sin embargo, días atrás, el Tribunal de Apelaciones resolvió que los asegurados pueden exigir el pago inmediato del ajuste inicial de reclamación mientras mantienen otras cuantías en controversia. La decisión judicial procura poner fin al freno a los desembolsos por reclamaciones relacionadas con daños causados por el huracán María, vinculado a que las aseguradoras demandadas se han negado en gran medida a pagar sus ajustes iniciales sin una liberación total de responsabilidad por parte del titular de la póliza.

Para mejorar la fiscalización a las aseguradoras, la OCS procura fortalecer la importante división de Supervisión y Cumplimiento, cuya dirección ha estado vacante. Además, busca agilizar proyectos claves que examinarán aspectos relevantes como la estabilidad de la reserva catastrófica. Se trata de iniciativas muy necesarias.

La OCS, así como las autoridades federales, han hecho recomendaciones a las aseguradoras al examinar áreas de oportunidades para subsanar deficiencias en el manejo de una proporción elevada de reclamaciones tras ciclones u otros eventos con potencial de grave daño a bienes muebles e inmuebles en regiones o todo un país.

En la isla, a partir de 2017, las quejas iniciales se centraron en la lentitud de respuesta de las aseguradoras ante reclamaciones por los daños ciclónicos. Se cuestionó el desempeño de inspectores o ajustadores. Hubo alegaciones de prácticas desleales y denuncias de dilaciones injustificadas de pagos que desembocaron en pleitos de clase. Esas situaciones minaron la credibilidad de las aseguradoras. Al presente, buena parte del sector ha expresado su propósito de mejorar sus operaciones, y la comunicación con los consumidores al mercadear sus pólizas.

De acuerdo con la OCS, de 302,786 reclamaciones presentadas a las aseguradoras por daños del huracán María, quedan sin cerrar 3,551. Mientras, están pendientes otros asuntos importantes para fortalecer, por ejemplo, la colaboración de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en Puerto Rico, según ha reconocido el comisionado de Seguros. Por ello, es relevante dar prioridad a la creación de una plataforma de manejo eficiente de dispensas para ayudas de la dependencia federal. El objetivo es lograr pleno cumplimiento con la Ley Stafford, diseñada para brindar un mecanismo ordenado y estructurado de asistencia federal por desastres. En tal sentido, a corto plazo, convendría que el gobierno determine si esa importante encomienda será responsabilidad de la OCS o referida al Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico, agencia creada por ley en 2019.

Ante las experiencias desafiantes que han propiciado ajustes de la industria de seguros en la isla, el objetivo de lograr un desempeño ágil de la OCS debería conducir, a corto plazo, a garantizar las protecciones de los bienes asegurados en nuestro país.

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