Como parte de esfuerzos para procurar el bienestar de los menores en Puerto Rico, las autoridades estatales y federales, en colaboración con el sector privado, están convocadas a poner en vigor medidas que garanticen prácticas seguras en el escenario de estudios virtuales.

La modalidad de educación a distancia desde niveles primarios hace necesario que, en las sesiones pedagógicas y las tutorías, los niños y adolescentes puedan interactuar con maestros, conferenciantes o compañeros alumnos libres de intervenciones desvinculadas del quehacer académico y que pudieran representar peligrosidad.

Por ello, son sumamente necesarios los esfuerzos contemplados por el Departamento de Educación para poner en vigor mecanismos de seguridad eficaces en las plataformas electrónicas utilizadas para ofrecer clases a distancia. La tarea incluye orientar a los padres o encargados de los estudiantes sobre cómo promover dinámicas seguras mientras sus hijos participan en cursos o realizan tareas en línea.

Ha sido importante que escuelas y colegios privados confirmaran su participación en estas iniciativas que procuran mayores cautelas para evitar peligros para la salud física y mental de menores.

Al margen de las gestiones del gobierno y del sector privado, conviene que los adultos en cada núcleo familiar se eduquen para poder orientar a niños y adolescentes sobre la ciberdelincuencia. Existen tutoriales y otros contenidos en línea sobre el tema dirigidos a los menores.

Esas herramientas facilitan que los niños y adolescentes aprendan a discernir cómo actuar, de surgir algún acercamiento sospechoso, y para evitar que interactúen con desconocidos por internet. La educación puede evitar que sean víctimas del robo de identidad, timos o amenazas que afecten su integridad psicológica o física, su proceso de aprendizaje y su desarrollo saludable.

Las intervenciones indebidas en línea alteran el sosiego esencial para lograr dinámicas educativas productivas. Conviene lograr que los menores sean capaces de identificar acercamientos sospechosos o reales por parte de depredadores sexuales u otros ciberdelincuentes.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del gobierno de Estados Unidos, en coordinación con otras entidades, creó el proyecto iGuardian para educar a niños, adolescentes y padres sobre seguridad cibernética y cómo protegerse de las distintas modalidades de delito. El programa puede ayudar a las familias a adoptar medidas preventivas.

Conviene promover con énfasis también la instalación de programas o aplicaciones para computadoras o celulares que operan como escudos contra “hackers” y otros elementos criminales en la web. Algunos de estos mecanismos son libres de costo.

Además, será beneficioso que el gobierno y el sector privado ayuden a fomentar seminarios en línea y presenciales sobre cómo detectar y actuar ante los acercamientos digitales indeseados. En Puerto Rico, el esfuerzo debe incorporar recursos de los departamentos de la Familia y Justicia para orientar sobre leyes de protección a los menores mientras se conectan a la internet para fines educativos o de ocio.

Los padres, madres o encargados de los menores deben conocer sobre disposiciones legales relacionadas con la explotación infantil, la trata humana y la pornografía infantil. También es necesario incorporar talleres de crianza responsable que incluya la prevención de la sexualización de la niñez.

Mientras, es imperioso que las autoridades de ley y orden agilicen las pesquisas sobre eventos sospechosos denunciados en los pasados días, relacionados con mensajes o invitaciones transmitidas por internet a ciertos alumnos por parte de personas o entidades desconocidas que pueden representar riesgos para los menores.

Recientes gestiones investigativas relacionadas con transmisión de material obsceno y mensajes sospechosos recibidos por menores están en manos del Negociado Federal de Investigaciones y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Puerto Rico. Estos esfuerzos requieren plena colaboración de las autoridades estatales y los ciudadanos.

Lograr ambientes educativos en los espacios de enseñanza virtual es responsabilidad compartida entre el gobierno y las familias.