El esfuerzo emprendido por el Ejecutivo y el Senado para reformar el sistema de permisos que tantos problemas causa en Puerto Rico es, probablemente, la iniciativa de política pública más importante de años recientes. Lo que surja de este proceso definirá, en gran medida, mucho del futuro clima económico y social de nuestro país.

Tomando en cuenta la importancia cardinal que tiene este proceso, urgimos a la Asamblea Legislativa a evaluar con el mayor cuidado y prudencia estas propuestas tan importantes, a escuchar con ánimo de colaboración las opiniones de expertos y a no ceder a la tentación de la prisa y la superficialidad en un tema tan fundamental.

Nadie puede negar que el sistema de permisos en Puerto Rico es absurdamente problemático. Son legendarias las historias de emprendedores, grandes y pequeños, esperando meses, cuando no años, por múltiples permisos que, según cuentan quienes han vivido esos calvarios, parecerían multiplicarse y complicarse a medida en que los procesos avanzan.

La burocracia de los permisos, más el costo y la falta de confiabilidad del sistema eléctrico, son casi unánimemente mencionados como los obstáculos principales para el establecimiento de comercios e industrias aquí, con las terribles consecuencias que eso ha tenido para nuestro desarrollo económico. Esto es algo que, como país, como sociedad, estamos obligados a atender y solucionar.

El enorme desafío que tienen la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo es reformar este sistema quitándole lo innecesario, lo excesivo, lo absurdo y lo redundante, al tiempo que se mantienen, e incluso se fortalecen, los aspectos de las regulaciones que son necesarios para proteger la vida en comunidad, los recursos naturales y la planificación ordenada en ciudades y campos.

No se pide aquí, en resumen, nada distinto de lo que debe ser siempre la gestión gubernamental: establecer un balance de intereses que, al tiempo que potencie nuestras posibilidades de desarrollo económico y social, proteja también nuestra supervivencia como especie, que es, a fin de cuentas, la aspiración suprema de toda sociedad.

Los proyectos presentados por separado por la gobernadora Jenniffer González Colón y por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tienen ambos la intención de simplificar los procesos, lo cual aplaudimos. Invitamos, no obstante, a escuchar a los conocedores de estos procesos que han comenzado a llamar la atención sobre los problemas que podría acarrear la acumulación de procesos en una sola agencia, como contempla la propuesta de la gobernadora.

Esos, entre otros, son aspectos, no para descartar la propuesta, sino para mejorarla. Y deben ser tomados en cuenta con toda seriedad.

Por generaciones, los puertorriqueños hemos estado escuchando propuestas de mejoras del “clima de negocios” que se hacían sal y agua. Creemos que llegó el momento de finalmente darle al país esta oportunidad por tanto tiempo merecida.

Lo positivo de esta iniciativa es que no hay nadie aquí que no crea que esta transformación es necesaria, urgente e indispensable. Con todo el país consciente de la importancia de tener un mejor sistema de permisos, más dos abarcadoras medidas para discutirlo, no debe haber razón alguna para que, trayendo a todos los sectores a la mesa, esto quede, como antes, o en nada, o en modificaciones menores o cosméticas.

Puerto Rico no puede esperar más por un sistema de permisos que, en vez de obstruirnos el paso, como ha sido hasta ahora, abra plenamente las puertas hacia el futuro de prosperidad económica que necesitamos y merecemos.