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Puerto Rico necesita ya un sistema de salud eficiente

Si algo nuestro país ha constatado a raíz de los desastres que nos han desolado en los últimos años es la desarticulación e ineficiencia operacional del Departamento de Salud, y el enorme costo que esa fragilidad estructural implica para la sociedad puertorriqueña.

Los más recientes incidentes que evidencian la inestabilidad administrativa salubrista del gobierno, precisamente en medio de la respuesta a la pandemia del COVID-19, son la salida del último epidemiólogo del Estado y una nueva suerte de distanciamiento entre la agencia y la asesoría de expertos médicos y científicos.

Ante la peligrosidad letal de la nueva cepa de coronavirus, el gobierno de Puerto Rico debería asumir como prioridad el establecimiento de redes sólidas de intercambio científico con especialistas experimentados. El objetivo debe ser fortalecer la respuesta ante toda nueva amenaza a la salud. Ello contribuiría, por ejemplo, a institucionalizar un sistema ágil, eficiente y transparente para el diagnóstico y el rastreo de casos de toda epidemia o pandemia, a fin de frenarlas con éxito.

No obstante, la burocracia obsoleta del gobierno y las intervenciones de entes externos que pretenden lucrarse obstruyen la misión de servicio público y desalientan el apoyo bona fide de científicos, médicos y otros especialistas.

Ante la salida del doctor epidemiólogo David Capó y la actual colaboración relegada del “Task Force” médico, surge como denominador común que el gobierno ha ignorado recomendaciones expertas y políticas públicas de prevención estipuladas por entidades salubristas como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Sin duda, los manejos cuestionables de las contrataciones para adquirir pruebas del COVID-19 requieren ser investigados a profundidad, a fin de adjudicar las responsabilidades correspondientes. Además, están pendientes ante el foro federal las acusaciones de corrupción contra la exdirectora de Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila.

Esos incidentes muy lamentables también deben conducir al liderato gubernamental a establecer, desde ahora y con urgencia, procesos internos transparentes y libres de toda sombra de acomodo particular, para garantizar que el presupuesto de Salud se invierta en los mejores servicios, haya o no pandemia.

El desencaje del sistema de salud del gobierno ni siquiera es nuevo. Lo sufrió el pueblo con el colapso de los sistemas de energía y salud que causaron miles de muertes tras el azote de los huracanes de 2017. Entonces resultó evidente la falta de preparación y respuesta ágil para garantizar operaciones críticas. El vacío de la dirección y la ejecución adecuadas impidió proteger a ciudadanos con condiciones de alto riesgo, lo que elevó la incidencia de muertes. Lo próximo fue la espeluznante negativa gubernamental a registrar los fallecimientos vinculados al ciclón María.

Este año, el suroeste de Puerto Rico ha sufrido no solo el terror a los terremotos, sino la lenta y dosificada respuesta ante la gran necesidad de asistencia psicológica de sus poblaciones.

El récord es claro. Por tanto, el Departamento de Salud tiene que encaminar cambios estructurales y operacionales que le permitan cumplir de forma ágil su misión de bienestar social y frenar el patrón de desempeño errático que se agudiza durante las emergencias. La ineficiencia se magnifica ahora con la pandemia, pero realmente lleva demasiado tiempo corroyendo el quehacer habitual de la agencia, en detrimento de la población médico-indigente que requiere sus servicios.

Mejorar la respuesta salubrista para controlar la pandemia tiene que ser objetivo central persistente de Salud, especialmente en la actual etapa, cuando inició de forma escalonada la reapertura de más comercios y otras operaciones empresariales.

Sin embargo, la agencia tiene que atender sus deficiencias sistémicas que atropellan la calidad de la salud, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Ello conlleva establecer una organización salubrista con procesos eficientes y transparentes, libres de la obsolescencia burocrática y del inversionismo político que desmerecen la sana administración pública.