El intenso choque entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente senatorial Tomás Rivera Schatz, detonado por una lucha por el liderazgo del Partido Nuevo Progresista, ha provocado una situación engorrosa y sin precedentes en Puerto Rico. Se trata de una prolongada confrontación que mina la confianza del pueblo en sus máximos directivos y empaña la imagen del país ante el mundo.
Las recriminaciones y acusaciones en una polémica sin tregua, pocas veces atestiguada en la historia política reciente de la isla entre miembros de un mismo partido, tienen un impacto adverso en las operaciones del gobierno y desvían energías fundamentales para impulsar la agenda que resuelva o mitigue, de forma práctica, las serias necesidades de nuestra población.
El discurso enardecido de recriminaciones e insultos es altamente reprochable. El país reclama un cese de hostilidades y aspira a que resurja un ambiente de colaboración, indispensable para atender sin dilación asuntos urgentes que promuevan la estabilidad del país, justo en momentos complejos en Washington y en medio de una escalada bélica peligrosa en Medio Oriente, con repercusiones inflacionarias asociadas al disparo del precio del petróleo, entre otros giros negativos.
Las prioridades imperiosas en Puerto Rico incluyen la afinación rigurosa del presupuesto gubernamental de 32.7 mil millones de dólares, responsabilidad en la que la comunicación entre los poderes legislativo y ejecutivo es crucial. Otro asunto de vida o muerte es garantizar los 3,645 mil millones de dólares en fondos federales de Medicaid que sostienen el Plan de Salud del Gobierno, del que dependen 1.3 millones de puertorriqueños. Con el 70% del sistema de salud financiado desde Washington y el actual techo de financiamiento venciendo en 2027, la gestión minuciosa ante el Congreso federal es determinante.
Un tercer foco de atención prioritaria debe centrarse en la renovación del sistema energético, de cara a la audiencia de Título III encabezada por la jueza Laura Taylor Swain, en la que una voz clara del gobierno debería aportar al necesario consenso para avanzar en la reestructuración de una deuda que, después de casi nueve años de deliberaciones, aún no encuentra resolución definitiva. Urge un compromiso de colaboración de todas las partes implicadas en un caso cuyo equilibrio es tan complejo como urgente. La jueza concedió un término para una ruta de consenso final que vence mañana, lunes.
Es también urgente abonar a la estabilidad de la Universidad de Puerto Rico, donde esta semana la presidenta Zayira Jordán Conde removió a cinco de sus 11 rectores —Río Piedras, Mayagüez, Bayamón, Ponce y Aguadilla— en medio de denuncias de presión indebida y sin concederles audiencia ante la Junta de Gobierno. La decisión desató paros estudiantiles en varios recintos y un llamado del Senado Académico de Río Piedras a destituir a la propia presidenta. De manera vergonzosa, al igual que en la cúpula gubernamental, la dirección universitaria parece dar la espalda al diálogo sosegado, con un estilo impositivo ajeno a la esencia del mundo académico que ya se traduce en paros contraproducentes.
Llegó la hora de demostrar, sin rodeos, la voluntad y el compromiso de poner a Puerto Rico primero. Las dudas en torno a contrataciones gubernamentales y alegados conflictos de intereses deben ser investigadas con rigor para evitar dinámicas injustas que no promuevan los mejores servicios ni la correcta inversión de los fondos públicos. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de fiscalizar para conocer si existen irregularidades en el desempeño de las funciones públicas. Sin embargo, esa gestión no puede estar reñida con la buena gobernanza, la eficiencia y la colaboración indispensable entre las ramas del gobierno.
Puerto Rico merece un desagravio tras los desafortunados conflictos de la gobernadora y el presidente senatorial. La forma de concederlo implica asumir, cuanto antes, una actitud de deponer armas y trabajar con mayor ánimo para acelerar iniciativas verdaderamente prioritarias. Es momento de actuar con temple y voluntad firme. Justo al inicio de la Semana Santa, aspiramos a que aflore en nuestros líderes y en todo el país una reflexión que mueva a la armonía y a la unidad de propósitos por el bienestar de todos.
