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Red de corrupción alcaldicia que traiciona a los pueblos

La ambición corroída de dos empresarios contratados por municipios para ofrecer servicios indispensables -pavimentar carreteras y recoger los residuos sólidos- y la fibra inescrupulosa de al menos siete alcaldes se juntaron para formar una red de corrupción deplorable que traicionó el deber y a la confianza que los pueblos depositaron en sus funcionarios electos.

Esos empresarios y funcionarios tuvieron en común el afán por enriquecerse con los bienes públicos y un claro desprecio al sagrado privilegio de servirle al país. Cada acto ilegal cometido por estos individuos representa una nueva embestida que agrieta instituciones que deben ser pilares de nuestra sociedad: el servicio público, la política en su sentido más amplio y el propio sector privado. Todas las personas que fallaron merecen la máxima pena aplicable a sus respectivos casos.

Le ha tocado el turno de rendirse ante la evidencia a José Luis Cruz Cruz, quien consciente de las ilegalidades cometidas mintió al país y se aferró por meses a la alcaldía de Trujillo Alto sin rendir cuentas ni siquiera a sus correligionarios populares en la asamblea municipal. Así mantuvo al municipio en un limbo operacional mientras seguía cobrando su sueldo de alcalde.

Desde diciembre, su ayudante especial, Radamés Benítez Cardona, descrito como la mano derecha de Cruz, había sido arrestado en su hogar por las autoridades federales. Está por verse si admitirá culpa por los cargos que se le imputan, de involucramiento en el patrón de soborno admitido por su exjefe y al que se vincula a seis exalcaldes y otros ayudantes municipales. Las alegaciones apuntan a que recibieron sobornos de Oscar Santamaría y Raymond Rodríguez para contratar a sus respectivas empresas, Waste Collection y J.R. Asphalt.

Como Cruz, varias de estas personas han optado por colaborar con las autoridades federales. Los exalcaldes Félix Delgado, de Cataño; Luis Arroyo Chiqués, de Aguas Buenas y Eduardo Cintrón Suárez, de Guayama se declararon culpables de recibir de los empresarios dinero sobrefacturado a los municipios para producir los pagos ilícitos.

La colaboración surge tras verse cercados por las investigaciones en torno a sus decisiones de infringir la ley para engrosar sus bolsillos. Antes fueron cómplices de esquemas que les robaron a los ciudadanos, no solo fondos públicos sino servicios de calidad, particularmente con las deterioradas carreteras que tantos dolores de cabeza causan a los conductores. También les restaron a empresarios de buena fe oportunidades de hacer negocios legítimos con el compromiso genuino de mejorar las condiciones de los pueblos.

Otros acusados de participar en el esquema de fraude son el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez; Javier García Pérez, también de Aguas Buenas; y Reinaldo Vargas, de Humacao. Todo apunta a que este escándalo seguirá minando la institucionalidad municipal. La Fiscalía federal ha advertido que quedan alcaldes por atrapar o pendientes de que se entreguen por participar en el esquema. Los alcaldes ya señalados, de los dos partidos que se han compartido el poder en la isla, constituyen casi el 10% de los primeros ejecutivos municipales.

El liderato político y legislativo tiene la obligación de cerrar las puertas que permiten que la flaqueza moral de otros funcionarios esquilme las finanzas públicas y, con ello, la credibilidad de las instituciones. En este caso, la puerta abierta para la corrupción fueron contrataciones que no tienen que pasar por el cedazo de la legislatura municipal. Es preciso cerrarla. Ninguna transacción debería quedar fuera de la fiscalización de las legislaturas municipales llamadas a ser contrapeso de decisiones arbitrarias y oportunistas que le cuestan al pueblo.

Estos alcaldes y algunos de sus ayudantes, sumados a los legisladores convictos o acusados de otro reciente esquema de robo, soborno, comisiones ilegales y fraude electrónico, han llevado a un nuevo y bochornoso nivel el clima de abuso y corrosión del liderato político desde las bases municipales. Es hora de que desde todos los frentes se levanten voces y acciones firmes para exigir ¡Basta ya!

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