La ambición corroída de dos empresarios contratados por municipios para ofrecer servicios indispensables -pavimentar carreteras y recoger los residuos sólidos- y la fibra inescrupulosa de al menos siete alcaldes se juntaron para formar una red de corrupción deplorable que traicionó el deber y a la confianza que los pueblos depositaron en sus funcionarios electos.