En medio de los profundos problemas sociales que tiene Puerto Rico, incluida la precariedad en que viven sectores de nuestra población muchas veces sometidos a abusos físicos, mentales, sexuales e institucionales, tres legisladores han gastado tiempo y recursos públicos para pretender, otra vez, que el Estado controle y penalice el cuerpo de las mujeres. En una sociedad aquejada por la violencia machista, las agendas contra los derechos y la libertad de las mujeres no son permisibles.

El intento de los representantes Wilson Román, José González y Er Yazzer Morales denota una desacertada ambición electoral, lo que, por sí solo, es peligroso. Atentar contra la dignidad e intimidad de personas, o contra sectores particulares de la población, como si fueran fichas para obtener beneficios particulares o políticos no puede tener cabida en ninguna esfera de gobierno. Menos, entre quienes fueron electos para legislar para que tengamos una convivencia social justa y respetuosa.

Más aún, la medida radicada expone un nivel de misoginia preocupante. Pretender encarcelar a mujeres porque ejercen sus derechos reproductivos es atentar contra la salud, seguridad y vida de seres humanos, en este caso quienes conforman el 52% de la población en Puerto Rico. También es proyectar a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, que deberían estar sometidas a la ignorancia y control de quienes aspiran a subyugarlas como si fueran incapaces de tomar decisiones racionales.

Por absurdos como este, más de la mitad de la gente en Puerto Rico tiene una pésima opinión sobre la clase política. Acciones como estas amenazan nuestra democracia.

Por eso apremia adoptar soluciones estudiadas y probadas que ofrezcan a nuestros niños y jóvenes la posibilidad de crecer junto a sus familias en un país próspero con educación de calidad que incluya los temas de sexualidad con perspectiva de género. En la amplia agenda de trabajo que al país le urge que se ponga en marcha con celeridad, el debate sobre la salud reproductiva de las mujeres sigue mirando en la dirección incorrecta, impulsado por un sector que aspira a imponer su violenta ideología de dominio a nuestra sociedad.

Puerto Rico necesita legisladores responsables e informados, que dediquen el tiempo por el que cobran del erario a leer, escuchar y entender las numerosas ponencias de expertos, fundamentadas en estudios científicos y en el trabajo de base con las distintas instancias de atención a las mujeres. Así es como se puede producir legislación que resuelva los problemas con los que las féminas lidian a diario.

Puerto Rico se encuentra en una emergencia declarada por la violencia machista. Hasta diciembre, el gobierno no había podido responder a más de 10,000 referidos sobre maltrato de menores acumulados desde 2016. Las salas especializadas en salud mental atendieron en tres años más de 34,000 peticiones de detención temporal o de ingreso voluntario. Entre 2018 y 2020, casi una tercera parte de los estudiantes de séptimo a duodécimo grado de escuelas públicas y privadas había usado alcohol y otras sustancias alguna vez.

Estos problemas, entre muchos otros, requieren una clase política con el valor y la voluntad de erradicarlos. Por el contrario, los tres legisladores mencionados, confrontados con cuestionamientos legítimos, evadieron siquiera presentarse al Capitolio e intentaron distanciarse con excusas que ponen en entredicho su capacidad y conocimiento legislativo. Dos indicaron que retirarán su firma, aludiendo a particularidades del proyecto, como el número de años de las condenas. Pero insisten en la insensatez de que se encarcele a las mujeres que se nieguen a que otros controlen sus cuerpos y a quienes les asistan en su decisión.

Ha hecho bien el gobernador Pedro Pierluisi al rechazar el proyecto. El aborto está garantizado en Puerto Rico en virtud del derecho a la intimidad reconocido en la Carta de Derechos de nuestra Constitución, artículo II, secciones 1 y 8. Les toca a las tres ramas de gobierno local hacer cumplir ese estado de derecho y poner su voluntad en proteger las libertades individuales de cualquier atentado proveniente de personas, grupos o instituciones.

Asimismo, es deber de los electores exigir más a los políticos y rechazar de plano cualquier agenda violenta y represiva contra cualquier sector de la población.