Resguardar a los adultos mayores del COVID-19
Los brotes de COVID-19 detectados recientemente en centros de cuidado prolongado para adultos mayores en Vega Baja y Carolina hacen necesario que las autoridades salubristas y el Departamento de la Familia pongan en vigor con premura medidas que protejan la vida de un sector poblacional altamente frágil ante la peligrosa enfermedad.
Ha sido positivo conocer que, como prevención inmediata, los internos en lugares donde surgieron los brotes fueron aislados y recibieron atención médica. Sin embargo, será crucial mantener el cuidado adecuado de cada uno de estos ciudadanos.
La Asociación de Dueños de Centros de Cuido Prolongado ha solicitado al gobierno que dé prioridad a esa población a la hora de distribuir las pruebas, ante la limitación de los exámenes moleculares debido a la escasez de reactivos.
El pedido de la organización responde al anuncio de la Guardia Nacional de que el cernimiento y las pruebas que dirige el grupo de trabajo sobre personas de edad avanzada ya no incluirán ambos exámenes –el serológico y el molecular– de forma automática a todos los residentes y empleados en las visitas coordinadas a estos hogares. La causa es precisamente la escasez de reactivos.
Hasta el sábado, el gobierno ha informado de 201 muertes acumuladas asociadas al COVID-19 en Puerto Rico. Aunque la edad promedio de personas contagiadas con el virus en Puerto Rico es de 42 años, el potencial de enfermar de gravedad o morir por la nueva cepa de coronavirus aumenta con la edad o complicaciones de salud como enfermedades crónicas. Ante la emergencia salubrista, es preciso recordar que, en la crisis también sanitaria ocasionada por el huracán María hace tres años, fue la población de edad avanzada uno de los sectores con más pérdidas de vida.
La población de adultos mayores representa alrededor del 28% de los residentes en la isla y el 40% vive bajo el nivel de pobreza, según datos de la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada. Para 2016, vivían en la isla sobre 850,000 personas con más de 60 años de edad y se estimaba que el 36% vivía solo. Más de 145,000 encabezaba un hogar.
Bajo una nueva orden sanitaria firmada el martes, todo establecimiento de cuido prolongado, hogar sustituto certificado, hogar transicional para adultos mayores, o con impedimentos, discapacidad mental, salud mental y adicción debe adoptar y tener disponible un Plan Operacional de Emergencia que incluya un protocolo de vigilancia, prevención, mitigación y acción ante la pandemia.
Según los datos oficiales, hasta comienzos de esta semana, solo 244 de 952 centros habían sido atendidos por el grupo de trabajo creado para manejar dichos lugares.
En países como Italia y estados como Washington, en Estados Unidos, los centros para adultos mayores han sido focos letales del virus. En Estados Unidos y Europa, deficiencias en medidas preventivas contra el COVID-19 se vincularon a los brotes descontrolados que cobraron la vida de decenas de ancianos y empleados de estos centros.
Mientras el gobierno atiende las necesidades de los centros, es preciso que las instituciones cumplan al pie de la letra los protocolos especiales en instalaciones críticas donde reciben cuido, alimentación y medicamentos alrededor de 30,000 adultos mayores.
Es importante, además, que empleados y familiares asuman con el mayor rigor su responsabilidad de cumplir con las normas de distanciamiento físico y social, sobre todo cuando se encuentran en su tiempo libre. Asimismo, es responsabilidad de toda la sociedad velar también por la salud y prevención de contagios de nuestros mayores, ya sean familiares o vecinos.
A todos toca frenar la pandemia en la isla y cuidar de nuestros ciudadanos más vulnerables.
