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Responsabilidad ciudadana y justicia tributaria

El cumplimiento de las responsabilidades tributarias por parte de los individuos y empresas en Puerto Rico es fundamental para propiciar que el gobierno pueda brindar y ampliar servicios que promueven el bienestar colectivo, así como un mayor desarrollo económico y social en el país.

El aumento de 16% en la radicación de planillas de contribución sobre ingresos reportado recientemente por el Departamento de Hacienda es señal positiva de receptividad mayor para cumplir con el ordenamiento legal vigente. Mientras, sigue latente la necesidad de promover mayor justicia tributaria.

El alza en la presentación de planillas se vincula principalmente a la opción de crédito por trabajo, incentivo federal no recurrente. De acuerdo con Hacienda, se han registrado 102,000 contribuyentes nuevos, pero el desafío será retenerlos y también aumentar ese grupo mediante un incremento de la fuerza laboral, entre otras actividades que legalmente les generen más ingresos a individuos y familias, al igual que al sector privado.

A pesar de tendencias positivas que recién se aprecian en términos de cumplimiento mayor con las responsabilidades legales contributivas por parte de individuos y empresas, es sumamente necesario reforzar los esfuerzos gubernamentales para combatir la evasión tributaria.

En tal sentido, lucen atinadas varias investigaciones estatales que recién han propiciado el arresto de personas sospechosas de estos delitos. Para desalentar estas prácticas ilegales será necesario seguir ampliando herramientas de rastreo con apoyo tecnológico, entre otras iniciativas que permitan desarrollar procesos administrativos y judiciales para combatir la evasión.

La fiscalización rigurosa debe contribuir a encaminar procesos administrativos que redunden en el debido cumplimiento de las responsabilidades tributarias por parte de más individuos y empresas. El gobierno tiene mecanismos contundentes en estos casos, como la aplicación de embargos.

Si los referidos trámites administrativos no alcanzan los resultados esperados, los procesos judiciales representan otras vías para desalentar estas prácticas ilegales y evitar la impunidad en estas dinámicas que impiden al Estado recibir ingresos mayores para subvencionar servicios públicos.

Las intervenciones anunciadas el pasado mes por los departamentos de Hacienda y Justicia contra presuntos evasores contributivos reflejan enfoques importantes de fiscalización a prácticas de nuevos negocios en línea, por ejemplo, entre otras que han servido para descubrir fraudes como prácticas en las que no se ingresan cobros a cuentas comerciales sino a depósitos personales, entre otras centradas en no reportar con certeza el producto de actividades generalmente muy lucrativas.

Al margen de sospechas de evasión, surge como avance necesario el mejoramiento tecnológico en Hacienda para identificar incongruencias y errores matemáticos, entre otras deficiencias en las planillas sometidas por individuos o empresas que pueden ajustar fácilmente sus formularios al acceder en línea a sus cuentas del Sistema Unificado de Rentas Internas.

El gobierno, por otro lado, no puede dejar relegada una abarcadora revisión del sistema tributario para oportunamente legislar cambios que propicien justicia contributiva mediante un modelo que calibre mejor las cargas impositivas a los distintos sectores poblacionales e incluya una ponderada revisión de las exenciones y tasas preferenciales.

El sistema vigente en Puerto Rico ha sido duramente criticado por economistas que subrayan la doble tributación que representa, por un lado, las obligaciones de las contribuciones sobre ingreso anual en Hacienda, y por otro, la imposición regular del Impuesto sobre Ventas y Uso al momento de realizar compras en comercios y empresas. La estructura vigente se remonta a la década de 1950 y al presente impone un peso tributario mayor a la clase media.

Una reforma que promueva distribuir mejor la carga contributiva entre todos los que tienen capacidad para aportar, representa una vía para frenar la economía informal, desalentar la evasión y fomentar mayor reinversión económica para el país.

Las ramas ejecutiva y legislativa están llamadas a trabajar de forma coordinada con los diversos sectores de nuestra sociedad para adelantar el referido objetivo que debe ampliar la base contributiva y aspirar a promover el financiamiento adecuado de las operaciones gubernamentales. Un adelanto en este vital renglón, además, complementará otros esfuerzos trascendentales dirigidos a la recuperación económica y social de Puerto Rico.

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