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Seis meses de logros y reveses ante el riesgo salubrista

Al cumplirse hoy, martes, medio año del establecimiento del toque de queda y otras medidas para evitar contagios de COVID-19 en Puerto Rico, se impone la reflexión sobre los aciertos y desaciertos derivados de las actuaciones institucionales e individuales, para sopesar nuestro nivel de avance como sociedad en esta saga de vida o muerte.

No será forzoso concluir que hoy, igual que ese primer día en que nos recluimos en nuestros hogares, el país se mantiene en la incertidumbre salubrista, pero de ninguna forma derrotado en nuestra capacidad de resiliencia ante el gran desafío.

Nuestro pueblo se ha adaptado en poco tiempo a nuevas cotidianidades para satisfacer necesidades personales, familiares, laborales y otras interacciones sociales. Hoy por hoy, el distanciamiento físico y las prácticas de desinfección son, para muchos, compañeros inseparables.

La tecnología ha demostrado su fuerza, aunque también la aguda brecha digital que mina oportunidades para poblaciones empobrecidas.

Un segmento creciente aumentó la interacción cibernética desde sus espacios domésticos para proseguir sus actividades educativas, laborales y de salud, y para ampliar sus opciones de ocio. Mientras tanto, miles de alumnos sufren la ausencia de mecanismos eficientes de educación a distancia y los escollos para recibir módulos didácticos impresos. Las deficiencias burocráticas del Departamento de Educación impiden el manejo diligente de las asignaciones federales para la compra de computadoras y otros equipos tecnológicos.

La transformación como fuerza resiliente encontró receptividad en sectores económicos que ejecutaron adaptaciones comerciales e industriales en operaciones con bajo riesgo sanitario. Supermercados, farmacias y otros comercios han mantenido el suministro de alimentos y productos de primera necesidad. No obstante, en agosto, el Task Force económico que asesoró a la gobernadora Wanda Vázquez estimó que los cierres y paralizaciones comerciales por la pandemia podrían ocasionar pérdidas de $1,029 millones a las Pymes, uno de los muchos sectores económicos afectados.

Al presente, la pandemia no ha implicado el colapso del sistema salubrista como en otros países. Pero las limitaciones en respuestas esenciales representan riesgos insostenibles ante una emergencia mayor. Por ejemplo, aunque el Departamento de Salud ha recibido asignaciones millonarias para la compra de pruebas moleculares para la detección del virus, deficiencias operacionales han impedido adquirirlas en la proporción necesaria y amplia requerida. Escollo similar es la ausencia de un sistema confiable de rastreo para identificar brotes y procurar controles ágiles. Atender estos desfases es clave para detener los contagios, cuyos saldos letales se elevaron ayer a 542 muertes.

Aún así, es relevante que los hospitales públicos y privados se mantengan en condiciones de atender a los pacientes con COVID-19. Médicos, enfermeras, técnicos y otros profesionales de la salud libran jornadas titánicas para procurar la recuperación de los enfermos.

El compromiso y la calidad de la legión de las primeras líneas de respuesta salubrista son indiscutibles. El mismo empeño y dedicación demuestran trabajadores de otros campos que dan la milla extra.

El renglón poblacional que ha quedado desempleado, debido al impacto económico de la pandemia, ha sufrido la carencia de una respuesta gubernamental digna y ágil en los trámites de las ayudas de mitigación. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha exhibido deficiencias serias que agobian a miles de trabajadores impedidos de obtener a corto plazo recursos para el sustento familiar.

En estos seis meses, las lecciones más duras demuestran la necesidad de cambios estructurales en el gobierno para responder con celeridad a los damnificados. Imposible ignorar también la falta de prudencia y solidaridad que se han traducido en más contagios al ignorarse el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, entre otras medidas esenciales.

El aprendizaje acumulado en este periodo apunta a la urgencia de contar con estrategias sólidas para responder a emergencias, enfocadas en la protección del bien común y el sostenimiento de las infraestructuras sanitarias y económicas.

Aunque duros, estos tiempos nos han enseñado el valor de la unidad de propósitos y que, con eficiencia gubernamental y solidaridad social, podremos doblegar a la pandemia.