El cúmulo trascendental de proyectos conducentes a la revitalización de la infraestructura de Puerto Rico tiene que estar libre de la pared burocrática que tanto ha obstruido el desarrollo de nuestro país, en particular en los procesos de permisos y otros trámites regulatorios.

Ha llegado el momento de encaminar de forma definitiva las obras de reconstrucción, una vez lograda la liberación de los fondos federales asignados. Para alcanzar ese objetivo, los procesos ágiles y eficientes del gobierno local serán grandes aliados.

Así Puerto Rico podrá dejar atrás el estancamiento al que estuvo sometido durante el vergonzoso periodo de obstrucción orquestado por la administración del expresidente Donald Trump. La imposición de requerimientos excepcionales frenó el desembolso de ayudas para reconstruir edificios, carreteras, puentes y otras estructuras dañadas por el huracán María en 2017.

Corresponde al gobierno de Puerto Rico asegurar que los proyectos de mejoramiento de la infraestructura pública se desarrollen a ritmo adecuado. Ello incluye de forma destacada la celeridad responsable en los trámites de permisología y otras consultas con las agencias reguladoras.

La reciente reunión del gobernador Pedro Pierluisi con directivos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y con representantes de la Oficina Central de Reparación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) ha permitido documentar las condiciones de más de 7,000 proyectos pendientes. Identificar de inmediato los factores que pueden afectar el desarrollo de los trabajos es un paso necesario. Será pertinente determinar si es preciso incorporar a especialistas que apoyen en las tareas de evaluación de las solicitudes de permisos.

Ante el compromiso de la administración del presidente Joe Biden hacer justicia a Puerto Rico con la entrega de los fondos, se imponen acciones ágiles del gobierno local para completar pronto las etapas básicas de consulta con las agencias reguladoras y obtener los permisos adecuados para cada proyecto.

Es preciso que los funcionarios estatales mantengan los mejores canales de comunicación con FEMA, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Departamento de la Vivienda (HUD) de Estados Unidos. Estas son algunas de las agencias federales con facultad directa para la aprobación y desembolso de los dineros.

La transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos tiene que ser un compromiso ineludible del gobierno puertorriqueño.

Un segmento significativo de la reconstrucción está cobijado por el Programa de Desarrollo Comunitario por Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), adscrito a HUD.

El gobierno federal señaló una partida de $62,780 millones para obras de reconstrucción por una diversidad de daños asociados al huracán María. Sin embargo, de esos fondos hasta el momento solo se han desembolsado $18,200 millones, de acuerdo con un estudio del Centro para la Nueva Economía.

Será indispensable contar con mano de obra diestra para poner en vigor los nuevos códigos de construcción en instalaciones públicas y privadas, debidamente supervisadas por ingenieros y otros peritos. El inicio simultáneo de obras en carreteras, puentes, edificios y estructuras residenciales tiene que estar respaldado por suficientes recursos humanos, así como por equipos y materiales. De esa forma, se completarán las etapas de los proyectos diseñados para erradicar la extrema vulnerabilidad de muchas edificaciones de la isla.

Revisten importancia medular la renovación del sistema energético, y la rehabilitación de carreteras estatales, vías secundarias y puentes de los que dependen la transportación segura. Entre los esfuerzos pendientes figuran también la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos y la reconstrucción del hospital de Vieques.

Las obras deberán generar empleos, atraer nuevas inversiones y beneficiar a renglones económicos como el comercio. También deben ser fuente de bienestar para miles de hogares afectados por la inestabilidad del servicio energético, el mal estado de las carreteras y el deterioro de otras instalaciones públicas. Y, muy importante, aportarán al sosiego de miles de familias que carecen de un techo seguro.

La eficiencia administrativa que enfatice en la supervisión minuciosa de cada proyecto puede aportar al logro de las obras que son fundamentales para impulsar el desarrollo económico y el bienestar de la población de Puerto Rico.